Urge respuesta firme del Estado para evitar que Pataz se convierta en zona liberada

En menos de tres años, 18 colaboradores de la minera Poderosa fueron victimados por mineros ilegales y 17 torres de alta tensión fueron derribadas en medio de una guerra desatada por mafias y bandas criminales que se viene recrudeciendo en las profundidades de las montañas de Pataz, en la región de La Libertad. 

Esta escalada de violencia se da a pesar del estado de emergencia vigente y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del Ejército. 

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Al respecto, la empresa Poderosa señaló que a la fecha tiene 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los mismos que operan con total libertad e impunidad en la zona.  “Hasta el momento la PNP no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerías a desalojar a estos grupos criminales”, señalaron en un pronunciamiento.

Acotaron que la inacción policial también se ve reflejada en la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas. 

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A ello –afirman, hay que agregar la permisividad en el control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024).

Frente al deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona, la empresa exige una respuesta contundente y coherente del Estado. 

Esta, aseguran, debe involucrar una mayor labor de inteligencia, y el trabajo coordinado con el Ministerio Publico y el Poder Judicial a fin de asegurar que los mineros ilegales detenidos en los distintos operativos sean efectivamente procesados y condenados por los delitos que cometen.

Asimismo demandaron que se implemente en lo inmediato la base policial en Pataz, cuya creación fue anunciada por el Presidente del Consejo de Ministro hace algunos meses.  En apoyo de esa iniciativa, Poderosa ha venido avanzando en la construcción de la infraestructura requerida, así como de 3 puntos de control. 

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Es importante resaltar la enrome responsabilidad que en el manejo de este problema le corresponde al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad. 

“En los últimos meses hemos visto la proliferación de propuestas legislativa que, lejos de contribuir a fortalecer la lucha contra la minería ilegal, la debilitan”, señalaron.

La minería ilegal se ha convertido ya en la principal economía ilícita (US$ 6 mil millones generados en 2024) del país, superando con creces al narcotráfico. 

Su accionar alimenta otros delitos conexos como la trata, extorsión, sicariato y depredación ambiental.