Entre el 2021 y 2023 fueron asesinadas 15 trabajadoras sexuales en Perú

Entre el 2021 y el 2023 hubo quince homicidios cometidos contra trabajadoras sexuales, nueve eran mujeres trans. La cifra más alta de los últimos quince años, según el último reporte de la Policía Nacional.

Este sigue siendo uno de los delitos que más subregistro presenta y que más víctimas anónimas tiene.

Audios y mensajes por WhatsApp interceptados a integrantes del Tren de Aragua, así como los crudos testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de la propia policía detallan cómo opera la red criminal frente a este delito.

 La operación empieza en Venezuela, pero se ha expandido con fuerza en al menos cinco países de la región: Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. 

Las investigaciones de la Policía y Fiscalía han revelado cómo el territorio peruano es utilizado por esta organización criminal como centro de operación y ‘distribución’ de las mujeres que son luego explotadas sexualmente. 

Entrevistas a mujeres que habían sido víctimas de trata –específicamente del Tren de Aragua–, que contaran sus historias, sus temores y esperanzas, es uno de los principales aportes que estrega hoy La República en un informe en sus distintas plataformas (Lea la edición impresa).

Muchas de estas víctimas son reclutadas, con engaños, por redes de esta y otras mafias internacionales, con nexos y oficinas en Perú. Las víctimas son captadas en Venezuela, Colombia, Ecuador y diversas ciudades el país como Lima, Tumbes, Piura, Arequipa y Madre de Dios, principalmente.

Según la Dirección de Trata de Personas de Tráfico de Migrante las conductas de estas mafias, como el Tren de Aragua y sus grupos conexos, se encargan de la captación, transporte, traslado, acogidas, recepción y retención.

La PNP ya ha identificado el problema de las plazas. “Tienen como actores a víctimas adultas y menores a quienes las vigilan y controlas las plazas. Estos tienen en sus filas a encargados de cobrar los cupos, del transporte y a los que hacen respetar las plazas o sicarios.

Administran además las llamadas casas de acogida donde mantienen cautivas a sus víctimas. Durante el registro se encargan de controlar los teléfonos, vaucher, anotaciones, armas, dinero, chips diversos y otros. Los consumidores son un público flotante en bares, cantinas y hoteles.

Estas mafias han vuelto a poner de manifiesto una realidad perturbadora: la persistencia de la trata de personas con fines sexuales.

Este delito, que abarca desde el reclutamiento hasta la explotación, sigue siendo una sombra oscura sobre nuestra sociedad, desafiando nuestra conciencia y exigiendo acciones más contundentes por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Los informes de organismos oficiales nacionales y de ONGs, así como de entidades internacionales muestran que la trata de personas continúa prosperando en nuestras ciudades, pueblos y campos, alimentada por la ignorancia y la complacencia de una sociedad que a menudo prefiere mirar hacia otro lado.

La trata de personas está presente en nuestro propio suelo, afectando a personas de todas las edades y géneros.

Pero, ¿qué es de la vida de estas mujeres una vez rescatadas?

“Algunas vuelven con sus familias, o a sus países. Y los puntos focales de cada provincia deben encargarse de brindarles vivienda, comida, trabajo, asistencia psicológica y gratuita”, explica un agente de la PNP. ¿Quién las monitorea?