Proyecto minero Ariana: Juez afirma que pone en riesgo acceso a agua potable, pero sigue controversia

El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Constitucional de Lima, declaró fundada la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero Ariana, ubicado en las alturas de Junín, debido a que existe el riesgo de comprometer el suministro de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. Sin embargo, sigue la incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar con sus operaciones.

Hace unas semanas, La República había informado que, tras una sentencia en primera instancia, se encuentra hoy en pausa el avance de este proyecto que busca explotar concentrados minerales cerca del sistema de lagunas de Marcapomacocha, en Junín, del cual se abastece la cuenca del Rímac.

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Este jueves, se dio a conocer el voto dirimente del juez Eduardo Romero Roca que le da la razón, en parte, a la demanda que fue presentada por la ONG CooperAcción y las excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio. El magistrado confirma que el proyecto representa una "amenaza cierta e inminente de vulneración de los derechos a acceder a agua potable y de gozar y disfrutar de un ambiente equilibrado".

"Hay un aspecto positivo y es sobre el impacto del proyecto minero. Ya se obtuvo los tres votos requeridos de la sala, así que se puede afirmar que el Poder Judicial ya se pronunció y confirmó que Ariana sí es una amenaza al agua de la que nos abastecemos los ciudadanos de Lima y Callao. Eso ya ha quedado fuera de toda discusión, a pesar de que lo negaba la empresa y el Estado", manifestó a este diario el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave.

Hasta el momento, en esta segunda instancia, se han emitido cinco votos, con el del juez Romero Roca. Tres declararon fundada la demanda de amparo; mientras que dos se pronunciaron por su archivo. No obstante, lo que aún sigue en controversia es cómo se debe proceder frente a esta amenaza.

Los jueces tienen dos puntos en los que todavía no llegan a un consenso. No deciden si es que se deben anular o solo suspender las resoluciones del Minem que autorizaron el proyecto; además no se ponen de acuerdo si los estudios técnicos para analizar su impacto deben ser internacionales e independientes o solo un estudio de impacto ambiental complementario a cargo de la empresa y las propias entidades del Estado. Ese es el meollo del asunto.

Nueva audiencia del caso Ariana

Debido a la discrepancia en estos dos puntos, se ha convocado a una nueva audiencia de la Primera Sala Constitucional de Lima para el próximo 7 de marzo a las 9:30 a.m.

"Esperamos que en esta nueva audiencia prime la razón. Ya hay tres votos que señalan que el proyecto minero Ariana sí es una amenaza para el agua de Lima y Callao. Y si ya hay serias dudas debe primar el principio precautorio al derecho al agua. Recordemos que hasta Sedapal participó como litisconsorte del proceso y se sumó a nuestro pedido", afirmó el exviceministro Jorge de Echave, quien es uno de los demandantes.

Este es un proceso judicial que empezó en el 2019. En una primera instancia, en enero del 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron el fallo.