de carretera para exigir medidas contra la delincuencia.
En el tercer día de las protestas contra la inseguridad ciudadana, gremios de transportistas, el Sutep, la CGTP, comerciantes y federaciones estudiantiles se movilizaron nuevamente hacia los alrededores de los locales donde se desarrolla el foro APEC. Su objetivo: exigir medidas efectivas contra la delincuencia y hacer saber a los líderes de las principales economías del mundo que en el Perú las autoridades no pueden frenar la ola criminal que amenaza a los emprendedores de todos los rubros. “Que el mundo escuche, nos están matando”, gritaban desde las proximidades.
Desde tempranas horas, la Asamblea Popular Lima Sur, la Organización Nacional de Familiares de las Víctimas de las Masacres 2022-2023 y comerciantes protagonizaron una multitudinaria marcha que se dirigió a San Borja. Portando banderolas y pancartas con frases como “Fuera Dina Boluarte”, “Basta de extorsiones y asesinatos”, los manifestantes llegaron hasta los alrededores del foro APEC.
Y en un intento por acallar las protestas, bandas de músicos de la Policía se colocaron en los alrededores para interpretar sonoras piezas musicales. Sin embargo, lejos de amedrentarse, los manifestantes respondieron bailando al ritmo de la música, mientras mostraban sus banderolas y carteles con mensajes de rechazo al Gobierno y al Congreso, y con sus demandas de justicia por los asesinatos ocurridos en las protestas de 2022 y 2023.
Todo ello mientras la presidenta Boluarte daba un discurso en el que presentaba a su Gobierno como uno que “empodera a los ciudadanos” y vive en “paz”.
Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), reiteró que el paro nacional no tuvo motivaciones políticas y aseguró que fue la propia ciudadanía la que salió a protestar, cansada de las promesas incumplidas y del aumento de las extorsiones y asesinatos. “Seguiremos firmes en este paro; ha pasado más de un mes y no vemos medidas efectivas contra la criminalidad”.
“La Policía nos reprime solo por pedir justicia y seguridad. Necesitamos que se vaya el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, porque le queda muy grande el cargo y muestra su incapacidad para detener los asesinatos, extorsiones y la delincuencia”, dijo.
Asimismo, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló que esta lucha es para pedir acciones efectivas y la derogatoria de la Ley n.º 32108 que favorece a la criminalidad. “La lucha de uno es el beneficio de todos. No somos indiferentes a la realidad. Nosotros no nos vendemos”, resaltó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 14 de noviembre hubo siete ciudadanos detenidos durante las protestas que fueron trasladados a la comisaría de San Borja y Cotabambas donde cinco fueron puestos en libertad, mientras dos permanecen en los ambientes de la Policía. “Se viene verificando la presunta detención de otros ciudadanos”, señalaron.
Asimismo la institución registró dos civiles heridos en el marco de las movilizaciones. “Un ciudadano fue evacuado al Hospital Casimiro Ulloa y otro fue atendido por el puesto médico de la DIRIS Lima Centro”.
Regiones se suman al paro.
Y en las regiones, ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco, Iquitos, Puno, Chimbote y Huancavelica respondieron masivamente al paro nacional convocado por transportistas y comerciantes. El impacto fue notable: según la Sutrán, se registraron seis bloqueos de carreteras en regiones como Arequipa, La Libertad, Cajamarca y Áncash.
Mientras tanto, los miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en Iquitos protagonizaron una movilización recorriendo las principales calles de la ciudad. Con pancartas en mano y consignas enérgicas, exigieron al Gobierno respuestas inmediatas y acciones contundentes para frenar la criminalidad. “No podemos permitir más asesinatos, exigimos justicia y seguridad para nuestras familias”, declararon los manifestantes.
En La Libertad, unos 500 ronderos de Otuzco se sumaron al paro bloqueando las carreteras. Justo Rosas, dirigente de las rondas, señaló que evalúan viajar a Lima para exigir al gobierno de Dina Boluarte medidas concretas contra el incremento de la criminalidad.