Minería ilegal del carbón ha dejado más de 30 muertos en La Libertad

El reciente golpe a la minería ilegal del carbón de piedra por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú ha dejado evidenciado el modus operandi de una organización criminal que en cuya nómina tenía a altos mandos de la Policía y suboficiales que no permitían que en esta zona se ejecuten operativos.

Las zonas que han sido identificadas en un informe que emitió el año pasado la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional fueron las de Cerro Blanco, Llaugueda, Lajón y Huaranchal, en donde la minería ilegal generaba contaminación ambiental, extorsiones, trata de personas entre otros ilícitos penales, lo que causa zozobra en la población.

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La disputa por el control de la extracción del carbón viene sembrando terror en toda esta zona andina; según las cifras, solo entre el 2021 y 2022 se registraron más de 30 muertes, la mayoría por ajuste de cuentas, mientras que otros perdieron la vida en los socavones ante derrumbes o gases tóxicos (el caso más sonado fue de un padre y su hijo en la zona La Leonera), quienes no contaban con los im-
plementos necesarios que requiere este tipo de actividades.

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Los criminales se aprovechan de la poca vigilancia que existen en estos lugares por parte de la Policía Nacional, que no cuenta con los efectivos necesarios ni el equipamiento. En una intervención por parte de la comisaría de Callancas, en el caserío Lajón, efectivos tuvieron que ponerse a buen recaudo por el fuego cruzado que se dio con integrantes de bandas criminales que chalequean estas minas ilegales.

A finales de agosto, un empresario extranjero, su chofer y seguridad fueron asesinados a balazos en una emboscada perpetrada por una organización criminal dedicada a la minería ilegal, en una carretera del centro poblado de Llaugueda, en esta provincia de Otuzco. De acuerdo con investigaciones preliminares, los tres fallecidos habrían llegado al lugar para conversar con algunos vecinos de la zona con el fin de explorar minas de carbón para su exportación. Sin embargo, cuando estaban saliendo del poblado, fueron interceptados por la banda de delincuentes.

Fuentes policiales revelaron que los difuntos fueron atacados por una organización criminal de mineros ilegales que pretende tener control absoluto de la explotación del carbón en el centro poblado de Llaugueda.

Alza su voz

Uno de los que durante su gestión como presidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional ha venido luchando para que se logre erradicar estos ilícitos penales en la extracción del carbón de piedra fue el exconsejero regional Greco Quiroz.

“Se logró identificar a los cuatro cabecillas de la minería ilegal del carbón y luego de varios pedidos a la Gerencia Regional de Energía y Minas para hacerles una fiscalización y poder acreditar que eran mineros ilegales y que su actividad estaba al margen de la ley, contaminando el medio ambiente, contra las normas de seguridad para las personas que trabajan en estos lugares”.

“Nos apersonamos en la zona, en donde pudimos comprobar todas las denuncias que veníamos realizando, como el mal manejo de los residuos, que no se trataba de una minería artesanal, sino de una minería intensiva con maquinaria pesada, con motobombas, con volquetes, con cargadores frontales. También en estos lugares laboraban más de 100 personas en permanente riesgo”.

Archivan cautelar

La única forma para que se abra un expediente sancionador era que desde la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad se emita una resolución con la medida cautelar para que se suspendan las labores de extracción de manera ilegal que vienen dándose en estas zonas.

“La Gerencia Regional de Energía y Minas, el 12 de setiembre del 2022, luego de dos años de intenso trabajo por parte nuestra, saca una medida cautelar por la cual suspende las labores de la zona de Lajón, a estos cuatro mineros que eran los cabecillas, les suspenden y les ordenan que no realicen ninguna actividad minera. También se les abre un procedimiento administrativo sancionador para retirarlos del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y aplicarles una sanción e incluso denuncias penales por contaminación. Esto conllevó a que se proceda con las denuncias a la Fiscalía del Medio Ambiente tras encontrarles dinamita para la extracción de este mineral”.

Sin embargo, el exconsejero señala que todo ha quedado archivado, se ha dejado pasar el tiempo y desde la gerencia responsable del Gobierno Regional, al no ejecutar acciones, esto ha terminado expirando, lo cual beneficia así a estos mineros ilegales.

“Ahora que se realizó este trabajo en setiembre del 2022, la Gerencia Regional de Energía y Minas debió emitir una resolución de sanción, pero durante todos estos meses esta entidad no ha hecho absolutamente nada y nos causa sorpresa que el nuevo gerente, Beder Martel Espinoza, haya sacado una resolución que dice que se archivan todas estas medidas cautelares contra estos mineros porque no se ha hecho nada y conforme a la ley que si máximo en un año no hay sanción, entonces debe ir al archivo. Han dejado prescribir estas sanciones y deja abierto que siga generando toda esta convulsión que se vive en la disputa de este mineral en la zona de Otuzco”, expresó el ex consejero regional, quien espera que se tomen medidas urgentes.