Contratan personal al margen de la norma en el SAT de la MDJLO

La Contraloría General identificó irregularidades en las contrataciones realizadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO), región Chiclayo, entre el 2022 y 2023. Ante esto, se solicitó al gerente general de la institución recaudadora, Pedro Barboza Zelada, tomar acciones inmediatas.

Los hechos irregulares se produjeron en octubre y noviembre de 2021 y marzo de 2022, cuando en la exgestión del alcalde Wilder Guevara Díaz se contrató a personal para laborar en la entidad recaudadora por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en el marco del Decreto Legislativo n.° 1057.

Unos días antes de terminar la gestión de Guevara Díaz, el SAT suscribió adendas con modificaciones a los contratos originales del personal CAS, en cuanto a las funciones, los cargos y las remuneraciones del personal de diversas áreas. Al respecto, la Contraloría advirtió que el reglamento del decreto legislativo n.° 1057 solo permite modificaciones en cuanto al lugar y el tiempo de prestación del servicio.

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En ese sentido, la institución advirtió que el procedimiento legal para ocupar nuevos cargos con distintas remuneraciones, es mediante concurso público, así el SAT podía cubrir necesidades de personal con nuevos perfiles y nuevas condiciones económicas.

Las modificaciones se dieron a favor de los cargos de Auxiliar Coactivo, que pasó de S/ 1.400 a S/1.800 tras tener el puesto Responsable de Caja; Gestor de Cobranza, cuyo salario aumentó de S/1.000 a S/ 1.600 tras dejar el puesto de Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y Archivos de Recaudos.

También están los puestos de Auxiliar de Emisiones, Notificaciones y Archivos de Recaudos (S/ 1.000 a S/1.025), Auxiliar Coactivo (S/ 1.000 a S/ 1.600), Gestor de Cobranza (S/1.200 a S/ 1.600) y Auxiliar Coactivo (S/ 1.600 a S/1.800).

Lo más preocupante es que el gerente Barboza Zelada, designado por el alcalde Elber Requejo Sánchez, no ha informado sobre qué acciones se tomaron por hechos que vulneran la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la legalidad.