Relator de la ONU escuchó a víctimas de las protestas en Puno

El relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica de asociación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Clément Nyaletsossi Voule, estuvo en Juliaca para recoger el testimonio de los deudos y heridos de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

En la reunión con el relator de la ONU, estuvo presente el abogado de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, Wilmer Quiroz Calli. Este informó que la visita obedecía, principalmente, para conocer el contexto, las circunstancias y la versión de los afectados de la represión por parte de la Policía y del Ejército. Los afectados calificaron como una masacre lo sucedido el 9 de enero en Juliaca, que terminó con 18 civiles muertos.

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Quiroz indicó que se le explicó que, a pesar de que la cadena de mando ya está identificada, en la investigación no se señala presuntos responsables.

Por su parte, el presidente de la referida asociación, Raúl Samillán Sanga, señaló que se le indicó al representante de la ONU, que varios de los heridos todavía no son atendidos por el estado, y están excluidos del bono solidario de S/25 mil que ofreció el Ministerio de Justicia para los sobrevivientes.

Samillán precisó que detalló que todavía existen siete personas heridas que no reciben ningún tipo de apoyo del Estado, a pesar de que todavía padecen por tener proyectiles de armas de fuego y perdigones en el cuerpo.

Finalmente, el abogado Quiroz, solicitó al relator de la ONU realizar el seguimiento para que el Estado formalice las responsabilidades contra la Policía, y que también se vele por la salud de los heridos que no son atendidos.

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Preguntó sobre investigaciones

Wilmer Quiroz contó que al representante de la ONU también le interesaba conocer la situación legal de los dirigentes que participaron en las movilizaciones, sobre quienes estuvo indagando la Fiscalía Especializada Contra el Terrorismo y Delitos Conexos.

En la reunión, se le explicó que los dirigentes investigados, consideran el proceso como una persecución política.