Puno: ajusticiado por vecinos de Juliaca tenía prontuariado delincuencial

Por: Zenaida Zea/ La República

El historial criminal de Óscar Laura Torres (37) terminó de manera cruel, tras ser ajusticiado la noche de lunes último por una turba en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en la urbanización La Capilla de Juliaca. Lo acusaron de robar $2 200 a una pareja de comerciantes.

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Según reveló Sergio C.Y. (51) a la Policía, su esposa Yaneth H. R. (50) fue interceptada por tres delincuentes cuando ingresaba a su vivienda. La redujeron, le quitaron el dinero y huyeron en motos lineales.

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Tras sus gritos de auxilio, sus hijos mayores persiguieron a los delincuentes y atraparon a Laura Torres. Este negó haber participado en el hecho delictivo. Sin embargo, cerca del lugar, se halló un celular que daba cuenta que le hicieron reglaje a una de las víctimas, tomándole fotos e incluso indicaron que el dinero lo guardó en su lliclla.

Cuando la Policía llego al lugar, una turba de cerca de 300 personas rodeaban al presunto ladrón. Llegaron diez miembros de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y serenos. Estos fueron impedidos de evitar el ajusticiamiento. Les lanzaron piedras.

Cerca de las 9:30 de la noche, llegó el fiscal de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Román, Tito Nieto Portocarrero. Constató que el sujeto estaba atado a un poste sin signos vitales. La policía y serenazgo, después de media hora, pudieron acercarse al cuerpo.

Personal del hospital Carlos Monge Medrano corroboró que Laura llegó muerto. Mientras la agraviada, junto a su hermana, fueron llevadas por los serenos a una clínica para que sea atendida por algunas lesiones que le provocaron los delincuentes.

Sobre Laura Torres pesaban antecedentes judiciales por robo agravado con crueldad, fabricación, almacenamiento, suministro, comercialización, posesión de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir y robo agravado a mano armada.

Según el abogado penalista Gerber Huanca, este ajusticiamiento configura el delito de homicidio calificado previsto en el artículo 108 del Código Penal. Además, se incorporarían como agravantes la ferocidad y crueldad con la que fue ultimado, lo que podría terminar hasta con 15 años de cárcel para los responsables de su muerte.

El letrado explicó que cualquier delito de acción pública debe ser investigado, sin que sea imprescindible una denuncia de parte. Por lo tanto, el Ministerio Público deberá actuar de oficio e iniciar un proceso judicial contra quienes resulten responsables.