Gobernadora de Arequipa pidió anular cesión de tierras para Zafranal

La resolución gerencial ejecutiva N°349-2022, que otorga el permiso de servidumbre de 12.000 hectáreas a la empresa Zafranal SAC, tendría las horas contadas. Esto complicaría la ejecución de este proyecto minero, cuya inversión asciende a más de 1.200 millones de dólares. Bajo el memorándum N°431-2022, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, solicitó evaluar la nulidad del documento al gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo.

“Sírvase evaluar la anulación o rectificación del contrato (…) que, en las actuales circunstancias, serían lesivos a los intereses institucionales y ante la omisión de información a mi despacho”, indica el documento. Gutiérrez además insta a que se le dé a conocer una solución legal a lo actuado.

Durante la reunión que mantuvo con los miembros del Consejo Regional de Arequipa (CRA) manifestó que su intención no es poner piedras en el camino a la empresa privada, pero mostró su disconformidad a los años de cesión y al pago que realizará la minera al GRA. “Mi voluntad, como gobernadora, es que se evalúe mejor el contrato. No estoy de acuerdo con lo firmado y los 30 años (…) Pido su nulidad”, señaló.

El asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Elfri Ortiz, sostuvo que se ha obviado el circuito correcto para la entrega de servidumbre, la secuencia administrativa y de hacer de conocimiento a la gobernadora y al CRA.

Ortiz subrayó que solo hubo una tasación para fijar el valor a pagar, pero solo fue de parte. Corresponde realizar una valorización a la entidad pública. Sostuvo que al estar el terreno a poco de arrancar su fase de explotación, debió elevarse el monto del valor de usufructo. En el 2012 se fijó en S/ 80 por hectárea y que se mantuvo ese precio años después. “Cuando se habla de explotación ya ese valor es ínfimo”, sostuvo.

Arroyo se defendió señalando que le competía emitir la resolución porque se trata de terrenos de propiedad de Autodema. Que el contrato permite que cada año se pueda hacer una tasación para modificar el monto a pagar. “Para este año corresponde pagar S/ 1 millón 900 soles, pero eso lo podemos revisar y observar”, indicó Arroyo. Dijo que analizarán el acuerdo y recibirán la visita del perito tasador del informe que presentó el privado. “Si corresponde anular se hará sino no”, señaló.

“La nulidad no puede ser un capricho”

El docente universitario, César Montes de Oca, indicó que la nulidad de un permiso concedido no puede ser un capricho. El Estado contempla la seguridad jurídica. La empresa minera realizó un trámite formal ante la entidad pública y en su oportunidad se debió cumplir con todos los requerimientos, pero ahora aparece una amenaza de quitarle el permiso. ¿De qué seguridad jurídica podemos hablar? Si se demuestra que hay un vicio la autoridad puede hacer una revisión después de un año de otorgado. Pero si lo único que se quiere es entorpecer el desarrollo de un proyecto, la autoridad que lo promueva y todos los que intervengan tienen que ser conscientes que es responsable tanto administrativa como judicialmente.