Edith Calizaya Calamullo tiene 38 años. Esta mujer aimara caminó varios kilómetros con su criatura de cuatro meses a la espalda para llegar a Puno. En la capital del altiplano, desde el martes 13, se prendieron las protestas en rechazo a la vacancia del ahora expresidente Pedro Castillo Terrones.
Castillo fue desaforado por el parlamento tras un intento de golpe de Estado: cierre del Congreso e intervención del Ministerio Público y Poder Judicial.
Calizaya votó por el candidato de Perú Libre, como lo hicieron el 89.3% de los electores puneños en 2021. Este porcentaje colocó a Castillo como el candidato con mayor respaldo histórico. En 2006, en esta región, Alan García logró 69.589 %, en 2011 Ollanta Humala, 73.235% y en 2016 Pedro Pablo Kuczynski 63.131 %.
El abrumador apoyo para el maestro rural en las ánforas alimentó las denuncias de fraude atizadas por Keiko Fujimori, la candidata perdedora. Hubo mesas donde Fuerza Popular obtuvo cero votos, recuerda el periodista Liubomir Fernández.
“Cuando ganó desconocieron nuestro voto y dijeron fraude. Cuando era presidente, todos los limeños no lo querían y ahora lo sacan. Hizo bien en cerrar el Congreso, eso pedía el pueblo. Por eso lo defendemos”, asegura Edith. Al igual que muchas mujeres aimaras, ella participa en las movilizaciones para exigir adelanto de elecciones, cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y libertad de Castillo.
¿Avalar un golpe de Estado y el cierre del Congreso es democrático?, como lo sugieren cientos de manifestantes.
El catedrático Vicente Alanoca Arocutipa, señala que este respaldo es la otra cara de la crisis política que no se quiere ver. Explica, lo ungieron como presidente no necesariamente porque crean en la democracia republicana, sino porque después de años de marginación, “un representante de las provincias” llega al poder. La población rural -dice el especialista- no tiene claro, conceptos legales sobre en qué casos procede la disolución del Congreso. Ellos están defendiendo su voto y su identidad. “Quizá la defensa no es a Pedro Castillo, el político, sino al provinciano maltratado por una clase política criolla”, sostiene Alanoca.
José Luis Ramos afirma que la apuesta a Castillo es el rechazo a los medios de comunicación y partidos sin credibilidad. “La gente que quiere que vuelva vive en zonas geográficas olvidadas. Hace 200 años nacimos como república, a ellos jamás les llegó nada porque siempre han estado en desigualdad”, manifiesta este sociólogo arequipeño.
Ramos aclara que las denuncias de corrupción que pesan contra el exmandatario son fundadas. Muy sólidas. Sin embargo, los seguidores del expresidente no las creen por el papel jugado por los medios de comunicación en la segunda vuelta.
Las protestas se han expandido en Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, la mayoría regiones sureñas ricas en cobre y gas explotados por empresas transnacionales. Su extracción generó una notable renta al Estado peruano, sin embargo, la pobreza aún no cedió sobre todo en áreas de influencia a compañías mineras y de gas. El 50% de esa recaudación regresa a gobiernos regionales y municipios mediante canon. Todos esos recursos se usan mal o se dilapidaron en actos de corrupción. Castillo recorrió estas zonas y prometió cambios, pero apuntando contra las empresas.
“Queremos que se redacte una nueva constitución. Esta representa los intereses de las grandes empresas. No hay leyes para el pueblo”, afirma un rondero de Ccatcca, de la provincia de Quispicanchi. Él, con varios de sus compañeros, llegó a Cusco para manifestarse por la libertad de Castillo. El jueves recorrieron las calles y luego se enfrentaron a la Policía.
7 de diciembre de 2021. Ese día, se debatía en el Congreso la admisión de la primera moción de vacancia presidencial. Esa fecha, Dina Boluarte arribó con Castillo a Juliaca, idea de cohesión. “Si al presidente lo vacan, yo me voy (…) Nadie me hará retroceder, estoy firme”, decía en esa oportunidad la ahora presidenta de la República.
Boluarte, un año después accedió a la presidencia por sucesión constitucional. En el sur andino, la califican como una traidora. Sus paisanos de Apurímac demandan su renuncia. “Como Judas lo ha traicionado”, expresa Walter, un rondero cusqueño.
Cusco fue otra de las plazas de Castillo, lo respaldó el 83% del electorado, al igual que Apurímac, Moquegua, Tacna, etc.
Las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos daban cuenta que, a pesar de su cuestionada gestión, el maestro de escuela rural, mantenía un 40% de aprobación antes de la vacancia.
“Si un periodista estaría detenido y sufriendo, ustedes se solidarizarían con esa persona, ¿no es así? De la misma forma nosotros vemos así a Castillo. Eso no quiere decir que no haya cometido delitos o sea un santo. Pero si lo investigan que sea respetando sus derechos”, dice Tadeo, también rondero de Quispicanchi. Él reconoce las acusaciones de corrupción que pesan sobre el exmandatario, pero señalan que quienes lo señalan también son corruptos.
La protesta no da tregua, con dosis de vandalismo y alentada por radicales que quemaron sedes judiciales, industrias, atentaron contra aeropuertos, negocios privados.
En Puno, amenazan que si no hay adelanto de elecciones, cierre del Congreso y liberan a Castillo, viajarán a Lima para hacerse escuchar.
En Arequipa, región en la que Castillo ganó con 64%, también hay respaldo a Castillo, incluso pese a las denuncias de corrupción que pesan contra él.
El apoyo viene, sobre todo, de los gremios sociales. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, señaló que de todas las denuncias que se iniciaron con las revelaciones de Karelim López, no hay pruebas contundentes. “Lo que te condenan son las pruebas, no los indicios”, manifestó. El dirigente considera que el detonante para todo el escenario de protestas es que el Congreso se queda pese a todo.
El sociólogo José Luis Ramos Salinas sostiene que esta situación de crisis ha demostrado que el sistema político actual ya es inviable en el Perú, pues todos los partidos políticos no lo son, sino son grupos de interés por el poder.
El antropólogo, Vicente Alanoca indica que quizá la defensa no es a Pedro Castillo, el político, sino al provinciano que ha sido maltratado por una clase política criolla. Hay una identificación natural. La solidaridad hacia él no sólo es porque fue vacado. Esto viene de antes. La gente no se olvida del desplante que le hizo Maricarmen Alva, expresidenta del Congreso y las actitudes despectivas de varios políticos. La discriminación no ha cambiado.
En los años 60 en adelante, los discriminadores eran los hacendados. En el campo de la política, hoy es la llamada derecha. Hay políticos quienes contribuyeron con ello. Sino recordemos la satirización despectiva a la cual apelaron políticos y periodistas respecto a defectos de Pedro Castillo. Todo eso ha calado en la ciudadanía. Por eso el apoyo a alguien que consideran que es parte de ellos.