Rectoras de universidades denuncian acoso psicológico contra Jeri Ramón, rectora de San Marcos

A través de un pronunciamiento, las autoridades de cuatro instituciones educativas superiores denunciaron que Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), es víctima de un “sistemático hostigamiento y acoso psicológico por parte de Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)” tras la aprobación de la Ley 31520, conocida como ley de la contrarreforma universitaria.

Las cuatro autoridades son las siguientes: Lida Asencios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; América Odar Rosario de la Universidad Nacional del Santa; Arcelia Rojas Salazar de la Universidad Nacional del Callao; y Cristina Alzamora Rivero de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

De acuerdo a las funcionarias, el presunto acoso proviene de grupos de poder. En esa línea, mencionan que dichos sectores tienen como objetivo “evitar el restablecimiento de la autonomía universitaria”.

“Este hostigamiento se materializa en amenazas con destitución del cargo, acciones penales, permanentes desprestigios y una clara afectación al derecho de honor y buena reputación de la rectora de San Marcos”, se lee en el comunicado.

El pronunciamiento refiere que “el extremo del abuso se suscitó (este 19 de agosto) al recibir una carta notarial amenazante del superintendente de Sunedu”. Según la denuncia, el contenido del documento expone una “clara acción de violencia psicológica contra una mujer”.

Las rectoras refieren que la elección de representantes de las universidades nacionales en el Consejo Directivo de la Sunedu responde al cumplimiento de la Ley 31520, promulgada por insistencia por el Congreso de la República.

En esa línea, indicaron que el fallo por parte del Poder Judicial no es una sentencia firme porque está en fase de apelación. Por tanto, según las autoridades denunciantes, la ley sigue vigente.

Las rectoras advirtieron que “cualquier atentado contra la vida, seguridad e integridad personal de Jeri Ramón será plena responsabilidad de los que promueven estas acciones”.

Por último, además de pedir medidas de protección para la rectora de San Marcos, exhortaron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Comisión de la Mujer del Congreso a pronunciarse sobre el tema.

Grupo de rectores no acata fallo y elige a sus voceros para Sunedu

A pesar de que una sentencia del Poder Judicial ha suspendido la aplicación de la denominada contrarreforma universitaria, un grupo minoritario de rectores de universidades públicas eligió ayer a dos de sus representantes para el Consejo Directivo de la Sunedu. Se trata de Manuel Castillo Venegas y Manuel Hernández García, catedráticos de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, respectivamente.

Si bien para las rectoras esto significa un acto de acoso político, en realidad se trata de una cuestión de cumplimiento de leyes.

Para el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), las elecciones de la rectora Ramón no solo son nulas por el fallo, sino además ilegítimas porque no cuenta con el respaldo de 18 rectores habilitados para ese proceso. Solo contaría con el apoyo de ocho. “La demanda de amparo impide que cualquier persona extraña ingrese al Consejo Directivo de la Sunedu”, explicó.

La Sunedu, igual, ha enviado este oficio a los rectores de las universidades licenciadas; así como a las entidades que debían elegir a sus representantes para la Sunedu, de acuerdo a la ley suspendida del Congreso.