Cusco: interpondrán arbitraje para recuperar Sanctuary Lodge

El Gobierno Regional del Cusco intentará recuperar su hotel ubicado en la puerta de Machupicchu, a través de un arbitraje. El procurador regional, Pedro Galicia, anunció que en agosto iniciarán el proceso en contra del Grupo Belmont, empresa vinculada al excandidato presidencial, Rafael López Aliaga.

El lujoso Sanctuary Lodge, es el único hotel ubicado en el ingreso de Machupicchu. Fue concesionado en 1995 hasta el 2015. Sin embargo, una irregular adenda en el 2013, le permitió ampliar su vigencia por 10 años más.

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El gobierno regional insistió, sin éxito, por varios años en la vía judicial para demostrar la anomalía de la adenda. No hizo caso, sino hasta ahora, al pedido de los consejeros regionales de iniciar un arbitraje. Según Galicia fue porque recién han logrado obtener los elementos que pesarían en el proceso.

El procurador espera que en 90 días termine el arbitraje y esta gestión regional recupere el bien. Confía en que el tribunal arbitral les dará la razón. Argumenta que la adenda fue firmada por el expresidente regional, Jorge Acurio Tito, el 27 de diciembre del 2013, cuando ya pesaba contra él una sentencia y la inhabilitación de su cargo, hecho público y conocido. Otra presunta irregularidad es que la ampliación del contrato de concesión no fue puesto a debate del Consejo Regional del Cusco. Dijo que se vulneró el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

El procurador mencionó que, además, cuentan con otros hallazgos. “Tenemos otras causales más para la nulidad de contrato, pero no lo diremos por estrategia”, refirió.

Finalmente, el funcionario regional manifestó que la posición cusqueña está avalada también en dos informes de la Contraloría General de la República. Uno de ellos advierte el incumplimiento del contrato por parte de la empresa de Rafael López Aliaga.

Para la Contraloría, los funcionarios del gobierno regional también tienen responsabilidades civiles y administrativas por no hacer cumplir las cláusulas del contrato, lo que generó un perjuicio de más de US$ 70 000 para la entidad.