Justicia da razón a adulto de 76 años, pero le niegan derecho a pensión

A sus 76 años, el señor Andrés Ríos Jiménez lucha desde hace 12 años ante dos entidades grandes como la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que le reconozcan el tiempo de aporte, pueda desafiliarse de la AFP y obtenga su jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones. Pese a que el Poder Judicial le ha dado la razón, las citadas entidades no cumplen con acatar el fallo judicial que dispone el otorgamiento de una pensión, por lo que ha decidido, cansado de la justicia y en una medida extrema, que se encadenará frente al local de la ONP en el centro de Lima.

La batalla de Ríos comenzó por la vía administrativa al presentar documentos como certificados de trabajo, boletas de pago y escritura pública de las empresas donde aportó en su etapa laboral, que son parte de los requisitos engorrosos requeridos por la SBS, AFP y la ONP. No obstante, luego de cuatro largos años de trámite y pese a entregar lo requerido, le denegaron el derecho a la desafiliación.

Frente a ello, recurrió a la vía judicial en el año 2014 (expediente N.º 16049-2014-0-1801-JR-LA-74) y el 16° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima declaró fundada la demanda contra la ONP, SBS y AFP Integra. Esto significó el reconocimiento de 20 años, un mes y 19 días de aporte, por lo que “ordenó que den inicio al trámite de desafiliación del sistema privado de pensiones con estricta observancia de la Ley de Libre Desafiliación Informada, Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada”.

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La autoridad judicial notificó a la AFP, SBS y ONP que se trata de “cosa juzgada”, pero la ONP y SBS, a través de RESIT SNP N.º 0000285221 de 24 de enero de 2020 y Resolución SBS N.º 00591-2020 de 6 de febrero de 2020, denegaron el mandato que ordena la libre desafiliación y jubilación. A criterio de Jorge López, abogado de Andrés Ríos, esto “vulnera los derechos pensionarios ganados” de su patrocinado e incurren “en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad de conformidad”.

“En su condición de adulto mayor, el señor Ríos ha tenido que asumir los altos gastos procesales para realizar un reclamo justo en tiempos de pandemia y siente impotencia de ver como el Estado lo abandona y atropella sus derechos de acceder a una jubilación digna y justa. ¿Acaso están esperando que se muera?”, señaló el letrado.