Más de 2.100 alumnas del colegio Santa Magdalena Sofía sin local para clases presenciales
Chiclayo. El director Carlos Yampufe denunció que el Gobierno Regional de Lambayeque no alquiló un inmueble a pesar de contar con un presupuesto de S/ 1 millón desde agosto de 2021. Pidió intervención de la Fiscalía.
Desde este lunes 28 de marzo de 2022, más de 2.100 alumnas del colegio Santa Magdalena Sofía (Chiclayo) iniciarán clases, pero de manera virtual, debido que no cuentan con un local escolar disponible, afirmó el director Carlos Yampufe, quien indicó que el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) no convocó a un proceso para alquiler de un inmueble aun cuando cuenta con un presupuesto de S/ 1 millón desde agosto de 2021.
En declaraciones con La República, Yampufe lamentó que las autoridades regionales no hayan convocado a un procedimiento de selección para el alquiler de un local, ya que la infraestructura educativa está en reconstrucción también desde agosto del año pasado con una inversión superior a S/ 15 millones y que es responsabilidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
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En ese sentido, manifestó que la entidad regional recibió S/ 1 millón al mismo tiempo que se efectuó el desembolso de los S/ 15 millones. “La autoridad regional contó con el presupuesto suficiente para alquilar un local que albergue a nuestras niñas, sin embargo, no lo hizo. Se presentaron sendos oficios para que nuestro petitorio sea atendido, pero no se viabilizaron”, cuestionó Yampufe.
Los trabajos para la nueva infraestructura educativa tiene más de 80% de avance. Foto: Colegio Santa Magdalena Sofía
Resultados negativos
Yampufé manifestó que muchas escolares no cuentan con recursos económicos para acceder a paquetes de datos o una computadora. Allí radica la importancia del retorno de la presencialidad, dijo.
“Este problema se evidenció con la estrategia Aprendo en Casa, pues el 30% del total de alumnas no accedió a todas las competencias que implica lenguaje, matemáticas y otras materias”, remarcó.
Finalmente, pidió la intervención del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Pueblo a fin de que prevalezca el derecho a la educación que ampara a los niños y niñas. “El Gobierno Regional y el Ministerio de Educación no atienden los reclamos”, expresó.
