Defensoría pide mejorar regulación para atender a población afectada por derrames de petróleo

Con urgencia. La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio del Ambiente (Minam) disponer la aprobación o las modificaciones necesarias a la normativa ambiental vigente, a fin de incorporar medidas que garanticen la oportuna atención a los afectados por desastres ambientales.

Es decir, tales como los desencadenados por actividades petroleras, mineras, industriales, entre otras, de responsabilidad de empresas públicas o privadas. Así, de acuerdo a un documento remitido al Minam, la propuesta busca que los planes de contingencia aplicables a actividades económicas especialmente riesgosas contemplen en forma clara y expresa las obligaciones del titular del proyecto para atender a la población afectada, como la ayuda humanitaria y soporte para su subsistencia, sin perjuicio de las compensaciones e indemnizaciones aplicables.

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El pedido está sustentado en los hallazgos alertados por la Defensoría del Pueblo respecto a la deficiente y tardía provisión de agua, alimentos y atención de salud, así como del soporte para la subsistencia de la población afectada por las contingencias o emergencias ambientales, lo cual debe estar a cargo de las empresas responsables.

Según la institución, un claro ejemplo es el derrame de más de 12.000 barriles de petróleo en Ventanilla por parte de Repsol, empresa que no ha cumplido con brindar atención a toda la población afectada por este desastre ambiental, que dependían de las actividades de pesca, turismo, gastronomía y comercio, actualmente suspendidas por el cierre de playas de forma indefinida. Ello, a pesar de que el hecho ocurrió hace más de un mes.

“Hace más de cinco años, la institución alertó de esta situación a los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas y, pese a ello, no se han atendido las recomendaciones”, sostuvo la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez.

Esta situación se da a pesar de que, según explicó la experta, en el 2020 el Ministerio del Ambiente publicó el proyecto de Guía Para la Elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Además, recordó que, en la Amazonía peruana, históricamente y hasta la actualidad, se vienen produciendo diversos derrames de petróleo, muchos de ellos con impactos pendientes de remediación ambiental y con serias afectaciones en la población aledaña, principalmente indígena, que depende de la naturaleza y su biodiversidad para subsistir. Pese a ello, en estos casos también se detectaron deficiencias en la atención a la población y la falta de mecanismos estatales efectivos para garantizar que las empresas responsables cumplan con esta labor.

Vásquez recordó que la normativa peruana ya prevé que toda referencia al impacto ambiental comprende las daños sociales relacionados y que deben implementarse medidas para prevenir, mitigar y compensar estos. Sin embargo, mientras el contenido de los planes de contingencia de los estudios ambientales no contemple expresamente los protocolos o medidas para la atención de la población afectada ante este tipo de emergencias, no se podrá garantizar ni supervisar su cumplimiento.