Policías habrían adulterado planillas para estafar a cooperativas y no pagar préstamos

Cerca de 150 cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) habrían sido estafadas por un grupo de 235 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la modalidad de las planillas adulteradas.

El dominical Punto Final difundió la denuncia del suboficial de tercera de la PNP, Richard Romero Guzmán, quien denunció que, al menos, dos efectivos policiales le ofrecieron falsificar planillas para obtener teléfonos celulares o créditos de las entidades financieras.

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“Ellos mismos dijeron, ‘nosotros te podemos sacar un celular, dame tu codofin nomás, eso sí te va a costar’. Firmamos el documento, me entregó el equipo, y a los dos días tuve que venir acá por ese problema de la planilla falsa que me dieron”, dijo al medio de comunicación.

Según la acusación, los policías acuden a la entidad y piden un préstamo o un teléfono, bajo crédito. Posteriormente, se acredita su capacidad de pago y mensualmente se le descuenta un monto del sueldo. Días después, presentan resoluciones de denuncias de alimentos que embargan parte del salario del agente policial. Por ende, ya no tiene solvencia económica y la coopac no puede descontarle la cuota.

Un caso de este tipo sucedió en el 2018, cuando se acercaron un policía apellidado Romero y seis agentes del escuadrón de emergencia del Callao para solicitar celulares de alta gama. Se verificó su solvencia en la planilla y se autorizó la operación. Dos días después ya no podían pagar.

“Acá está la planilla. Tiene dinero, S/. 1,838 es su capacidad, con lo que tiene un descuento de S/. 300 mensuales. Dos o tres días después ya no tiene capacidad. He confiado plenamente en una autoridad, en una persona supuestamente íntegra, ejemplo para la sociedad. Si es una persona que delinque, en quién uno puede confiar”.

Además, se indentifico a dos de los policías que adulterarían las planillas son John Tito Villarreal y Mayro Valdivia ponte. Por ejemplo, Tito pidió un crédito y a los dos días presentó resoluciones emitidas por un juez de paz de Ancón y otro de Puente Piedra ordenando descuento de haberes.

El reportaje señala que los agentes solían acudir a un juzgado de paz ubicado en Chancay, en donde el juez Heber Arroyo Acleto firmaba las resoluciones para las cooperativas, después de, supuestamente, entrevistar a los familiares que presentaron las denuncias de alimentos.

“Son autoridades, cómo voy a desconfiar de ellos, son policías. Nosotros somos jueces de paz no letrados, entonces, que vaya una autoridad nos sorprende. Si es policía, cómo vamos a desconfiar”.