Arequipa: irregularidades en obra vial en La Joya generó perjuicio de S/ 1.5 millones

Por irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento de las vías urbanas de la zona C del asentamiento humano El Triunfo, Arequipa, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1 543 528 en agravio de la Municipalidad Distrital de La Joya.

El informe de auditoría n° 028-2021-2-0353-AC, detalla las situaciones identificadas por la Contraloría entre el 1 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, encontró presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en cinco exfuncionarios de la municipalidad de La Joya, de la gestión 2015-2018.

Entre las irregularidades figuran que se dio conformidad a trabajos no ejecutados, se pagó precios unitarios que no correspondían, se generó mayores gastos generales, se incumplieron las especificaciones técnicas, se recibió la obra sin subsanar las observaciones y no se aplicó penalidades.

De ese modo, los servidores responsables de supervisar la obra no cautelaron la ejecución de partidas establecidas en el expediente técnico, otorgando conformidad y tramitando pagos que no correspondían; también aprobaron el pago por trabajos no ejecutados e, incluso, dieron el visto bueno a la construcción de un muro de contención sin estudio de mecánica de suelo.

Los miembros del comité recibieron la obra, a pesar que no se ejecutó la partida de remoción y ejecución de postes contemplado en el expediente técnico y no se subsanaron las observaciones formuladas por ellos mismos, aplicando penalidad por mora a la empresa contratista, la que finalmente no se ejecutó.

Durante los periodos 2017 y 2018, la Municipalidad Distrital de La Joya ejecutó la obra en las vías urbanas del asentamiento humano El Triunfo – zona C, con un presupuesto de S/ 7 953 669.

Los resultados del informe de control específico fueron notificados al alcalde de La Joya, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el documento. Además, recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría disponer el inicio de las acciones legales penales y civiles que correspondan.