PNP y Minsa implementarán base de datos para intervenir requisitoriados que asistan a vacunarse

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Cervantes, informó que con el objetivo de intervenir a los requisitoriados que asistan a vacunarse contra la COVID-19, se implementará una base de datos conjunta con el Ministerio de Salud (Minsa).

“Todos debemos trabajar, se ha difundido que personas que están pedidas por la justicia se han vacunado y no han sido detenidas. Queremos decir que las instituciones están implementado tecnologías, se tiene que hacer un convenio para articular un sistema de base de datos a fin de que nos dé una alerta como en el aeropuerto. Esto permite que la PNP implemente y se tomen acciones con el director de Investigación de la Policía”, dijo a la prensa.

Cabe precisar que este anuncio se dio luego de que se difundiera un reportaje en el que se muestra que varios sujetos que figuran en la lista de “los más buscados” han acudido a inocularse contra el coronavirus.

“Felicito el reportaje, pero debo informar que la PNP trabaja en implementar y articular el convenio con el Minsa, indudablemente es un proceso de fortalecimiento de la PNP. Puedo asegurar que esto no entorpecerá el proceso de vacunación”, añadió.

Requisitoriados acudieron a recibir dosis contra COVID-19 y no fueron detenidos

Un reportaje de Punto Final reveló que personas con gran prontuario, denunciados por estafa, secuestro, asesinato, entre otros delitos, llegaron sin problemas a los vacunatorios para recibir su inmunización. Muchos de ellos ya tienen las dos dosis.

Pese a que ofrecen S/ 20.000 por su paradero, José Román Saavedra asistió a uno de los locales que implementó el Minsa para ser inoculado. El hombre es acusado de haber asesinado a su compañero de trabajo en el 2017.

Entre los más buscados que ya se han vacunado están Mario Caldas Dueñas (71) y César Vela Mejía. El primero es investigado por desaparición forzada y el segundo, por estafa agravada.

El coronel Julio Alberto Rodríguez Córdova es otro de los beneficiados por el Estado. El hombre, en 1992, “permitió, alentó y dirigió actos de violación sexual” sobre una estudiante de la Cantuta. Producto de esto, la mujer resultó embarazada.