Salud mental en pandemia: radiografía de una herida que continúa abierta
Según EsSalud, se registraron 432 suicidios entre marzo y octubre de este año. 70 correspondieron a menores de edad. Luego de la crisis social y política desatada tras el golpe perpetrado por el Congreso, Perú continúa como uno de los países que menos invierte en salud mental: apenas destina el 0.1% del presupuesto nacional.
Entre marzo y octubre, en el Perú se registraron 432 suicidios. Si se realiza un cálculo simple, el número equivale a un promedio de dos cada día, en medio de la crisis sanitaria más dura que el país ha experimentado en los últimos años. La cifra, revelada por EsSalud en un breve diagnóstico de lo sucedido tras siete meses de pandemia, ponía de manifiesto además que 70 de esos casos correspondían a menores de 18 años; es decir, un 16% del total.
Aquello ocurría mientras el Gobierno de Vizcarra implementaba una estrategia para atender la salud mental en medio de la propagación del nuevo coronavirus. En junio se aprobó el ‘Plan de Salud Mental (en el contexto del COVID-19, Perú 2020-2021)’, un documento que plantea una serie de medidas con el objetivo de hacer frente a los estragos psicológicos que deja el paso de la COVID-19 en el país. El mismo iba firmado por miembros de la Dirección de Salud Mental del Minsa y por el exministro Víctor Zamora. Sin embargo, pese a que con ello se incrementó el presupuesto dedicado a atender esta problemática —350 millones de soles del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, es decir 70 millones más que en 2019—, los resultados parecen todavía ausentes.
En agosto, tres casos de suicidio se registraron en el Hospital Regional de Ica, nosocomio que ha recibido, sobre todo, a pacientes de coronavirus durante la emergencia sanitaria. Ante ello, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado advirtiendo que la Diresa Ica debía informar sobre la implementación del plan desarrollado por el Minsa. La advertencia era significativa. Algo debía estar fallando para que continúen ocurriendo tragedias de esa naturaleza cuando, por ejemplo, ya se había sugerido la presencia de unidades de acompañamiento psicosocial a personas con COVID-19 en las áreas de admisión, observación, emergencia y cuidados intensivos de los hospitales.
Tras casi cinco meses desde la aprobación del mencionado Plan de Salud Mental, ¿por qué da la impresión de que se ha hecho muy poco hasta ahora? La cronología de los hechos muestra que la población aún está lejos de superar los golpes emocionales de una pandemia que mató y aún mata a miles de peruanos. Y los especialistas enfatizan en la importancia de exigir a nuestros gobernantes un aumento en el interés por la salud mental.
¿Salud mental para todos?
“Algo que le falta al Estado es tener, como en otras realidades, un trabajo más cercano con la sociedad civil y con el sector privado. Ya hemos visto la experiencia con las clínicas que no precisamente han trabajado directamente con el Gobierno. Creo que en la salud mental todavía falta mucho por hacer en esa parte”, indica el psicólogo clínico Manuel Saravia, quien ha seguido de cerca trastornos relacionados al teletrabajo y otras actividades que se han consolidado con la llamada ‘nueva normalidad’.
Como sucedía hasta hace unos meses con las camas UCI, existe en la actualidad una demanda que sobrepasa la oferta del sector público en el ámbito de la salud mental. Los casos del Larco Herrera y el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) Honorio Delgado Noguchi, dos de los hospitales más emblemáticos de Lima, son señales inequívocas de que los servicios estatales quedaron rezagados frente al avance de la pandemia.
Si en los primeros meses de la crisis las autoridades del Larco Herrera reportaron insistentemente la carencia de espacios y recursos para aislar a los internos contagiados con COVID-19, a finales de octubre la historia parecía replicarse en el Noguchi, aunque esta vez con consecuencias mucho peores. Allí, según indicaron los propios médicos, varios pacientes no podían ser hospitalizados debido a la falta de capacidad del nosocomio.
La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es esto posible si se diseñó todo un plan y se fortaleció el presupuesto? Para la psicóloga Sofía Medina una respuesta tentativa consiste en reflexionar acerca de la educación de nuestras propias autoridades. “Cuando tienes a una sociedad que aún lucha contra estigmas para atreverse a hablar de salud mental, es comprensible que las propias políticas públicas tengan problemas para tratar ese tema. Al final, los políticos y los que manejan las acciones del Estado salen de allí, de esa misma población que todavía no se ha educado para expresar lo que siente o lo que le pasa en el interior”, asegura.
Comparativa de presupuestos y ejecución por trimestres en el Instituto Nacional de Salud Mental 2019-2020. Hasta noviembre de este año, la ejecución continúa por debajo de lo gastado en 2019, pese a las medidas de emergencia. (Fuente: INSM)
De acuerdo al portal del INSM, al momento se ha ejecutado el 75% del presupuesto asignado para el año 2020. Esto significa que, de los S/ 44 573.374 que se destinó a la institución, S/ 33 842.426 se usaron para diversas actividades, entre las que se encuentra la atención a pacientes. Así, la entidad pública más importante del país en salud mental contó este año, en promedio, con poco más de 1 sol por ciudadano —tomando en cuenta la población nacional— para dar respuesta a las exigencias de los pacientes. Y todo indica que no ha sido suficiente.
Diagnóstico alarmante
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la media del gasto en servicios de salud mental, a nivel mundial, se encuentra en 2.8% del gasto total destinado a la salud. Mientras los países de ingresos altos invierten alrededor de 5.1%, el Perú alcanza apenas el 1%, como dio a conocer un informe de la Defensoría del Pueblo difundido en octubre de este año. Con ello, a las dificultades de implementación causadas por la educación deficiente y señalada por los expertos, se suma un vacío alarmante en el presupuesto.
“[Existe] preocupación por la persistencia de los problemas y retos que representa la atención en salud mental en nuestro país debido, entre otras razones, a que el presupuesto asignado representa el 0.1% del presupuesto nacional y el 1% del total que tiene el sector Salud. La institución demanda un Plan Nacional que contemple cómo abordar la problemática también desde ministerios como los de Educación, Mujer, Trabajo e Interior, entre otros”, se lee en el pronunciamiento de la Defensoría.
El pasado 23 de octubre, médicos del Hospital Noguchi realizaron un plantón frente al Minsa exigiendo la reapertura de los servicios de hospitalización. (Foto: Facebook)
La propia OPS señaló, el último jueves 5 de noviembre, que hasta el momento la mayoría de países en la región no cuenta con suficiente financiamiento para enfrentar los problemas de salud mental derivados de la pandemia. El organismo precisa, además, que la situación resulta particularmente llamativa cuando 27 de los 29 países estudiados desplegaron planes enfocados en esta materia en el marco de la expansión de la COVID-19. Un grupo en el que se encuentra Perú.
“El abandono de la salud mental parece salir demasiado caro solo cuando vemos noticias de personas que se quitaron la vida, pero lo cierto es que, en general, necesitas mantener fortalecida la salud mental para lograr personas que sean funcionales en la sociedad. Si esto es un problema de salud pública es precisamente porque el estrés o la depresión no es un sufrimiento que se queda en lo individual, sino que abarca de alguna manera a todos. Es algo que los políticos deben entender”, remarca Medina.
Víctimas sin voz
El 17 de setiembre, un joven de 18 años murió por suicidio en Los Olivos. Días más tarde se supo que la víctima había tenido al menos tres intentos de suicidio anteriores al de aquel día, y que en sus últimos meses de vida tuvo que dejar sus citas con el psiquiatra debido a la pandemia.
Que, del total de víctimas, 70 sean menores de edad es indicativo de que una población especialmente vulnerable ha sufrido con crudeza el impacto de la emergencia. Pero, por diversas razones, a veces niños y adolescentes terminan convertidos en un grupo sin voz que no suele ser asociado a los estragos de una salud mental deteriorada.
(Fuente: Minsa).
Los especialistas recomiendan a las familias estar al tanto del comportamiento de los menores de edad, especialmente en el marco de una cuarentena prolongada como la que ha vivido nuestro país. A veces la propia convivencia puede perfilarse como un motor de conflictos en el hogar.
“Tenemos que estar pendientes de los factores de riesgo. En los menores de edad sí hay señales, no es algo que pase de un día para otro. Estas señales pueden ser cambios inexplicables en el estado de ánimo, si hay alteraciones del sueño o la alimentación, el aislamiento. Mucho se habla ahora de aprovechar el tiempo para estar en familia, pero no pensamos en que a veces esa mamá o ese papá están estresados porque no hay una estructura en el teletrabajo. Y entonces lo que tienen no es tiempo en familia sino una mamá que está mirando su celular todo el día, preocupada por su trabajo o por la situación económica”, advierte Saravia.
En definitiva, un escenario difícil que se agudiza cuando, alertas por la estabilidad emocional de sus hijos, los padres acuden a centros de salud que terminan negándoles la atención debido a la falta de recursos.
Importante
Recuerde, si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil puede llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), al 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país, puede ingresar AQUÍ.
