La Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia (MINJUS) presentó ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República los resultados de la Encuesta de Feminicidio 2019, la cual reveló algunas de las principales características de los sentenciados por este delito.
Uno de los hallazgos encontrados fue que, del 78% de los recluidos por feminicidio, el 42% concluyó la educación secundaria y 27% accedió a educación superior. Para Arturo Huaytalla Quispe, representante del Ministerio de Justicia, los resultados evidenciaron que no hay una asociación entre el mencionado delito y el bajo nivel educativo.
“El tener grado de educación superior no representa un factor que impida la comisión de feminicidio”, dijo Huaytalla Quispe durante su presentación en la sesión extraordinaria.
Por su parte, Mariella Varcárcel Angulo, directora general de Asuntos Criminológicos del MINJUS, señaló que el 98% de los encuestados no registraba antecedentes penales antes de cometer el feminicidio. Asimismo, 6 de cada 10 encuestados aseguró haber sufrido maltratos físicos por parte de sus padres cuando eran niños.
Para Carolina Lizárraga Houghton, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, los resultados del estudio fueron importantes; ya que, al conocer más sobre el perfil de los feminicidas, se podrá legislar mejor en materia de la lucha contra la violencia a las mujeres.
Por otro lado, la comisión parlamentaria tuvo acceso al estudio Penalizaciones Laborales por Maternidad realizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Una de las principales conclusiones de la investigación refirió que las mujeres con hijos deben realizar doble jornada laboral debido a que también se ocupan del trabajo doméstico.
“Las mujeres con hijos tienen mayor presencia en los empleos informales, vulnerables e independientes y tienen un menor ingreso laboral”, agregó la investigadora Tamia Lavado.
También asistió a la sesión la abogada Jannet Llaja Villena, quien tuvo a su cargo la exposición sobre las iniciativas legislativas referidas a la paridad en cargos de dirección en el sector público.
Mencionó que, si bien se avanzó en la paridad en altos cargos del Ejecutivo, la mayoría de mujeres son nombradas en sectores no productivos ni en la categoría de ministerio de conservación del sistema, como PCM y Defensa, sino en carteras sociales.
“Se requieren más acciones afirmativas para fortalecer la paridad y creo que se necesitan normas con rango de ley, no una reforma constitucional”, manifestó.
Por otro lado, la comisión acordó citar a la ministra de Inclusión y Desarrollo Social, Patricia Donayre, para que informe sobre la labor de apoyo de los programas sociales a las familias vulnerables más afectadas por la pandemia. De igual modo, se invitó a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta.