Fiscalía calcula una pena de más de 17 años de cárcel para Héctor Becerril

El excongresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril Rodríguez, podría eludir la investigación que se le sigue por el caso Los Temerarios del Crimen, debido a que tiene arraigo domiciliario y laboral débil. Ese fue uno de los argumentos por los que la Fiscalía de Nación solicitó hoy que se declare fundado su pedido de 36 meses de impedimento de salida del país.

Audiencia

En audiencia virtual, el fiscal Ramiro Gonzáles Rodríguez, señaló que existen suficientes elementos de convicción que demostrarían que el exparalamentario por la región Lambayeque “vendió” la función pública que representaba como integrante del Congreso de la República, a cambio de beneficios económicos.

De acuerdo a la prognósis de pena realizada por el fiscal Ramiro Gonzáles, la sanción alcanzaría las expectativas debido a que Héctor Becerril es acusado de tres delitos: cohecho pasivo impropio (5 años), tráfico de influencias agravado (4 años) y organización criminal (8 años).

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“Hay abundantes elementos de convicción contra el señor Héctor Becerril. En cuanto a la prognósis de la pena, la norma señala que debe ser mayor a los tres años. El tráfico de influencias agravado tiene una pena mínima de cuatro años, el cohecho pasivo impropio tiene una pena mínima de cinco años y organización criminal de ocho años”, precisó.

Sobre la calificación jurídica de los hechos, Gonzáles detalló que Héctor Becerril incurrió en el delito de tráfico de influencias agravado porque en su condición de “alto funcionario” intercedió a favor de la empresa CRD para que se adjudique la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo.

En cuanto al delito de cohecho pasivo impropio, el magistrado indicó que Héctor Becerril solicitó beneficios económicos por la gestión de presupuesto y la programación de obras, lo cual definió como la venta de la función pública. Además, precisó que el excongresista incurrió en organización criminal por haber actuado como “operador político” de una estructura organizacional dedicada a actividades delictivas.

“Su participación se remite a gestionar presupuestos e inclusión de obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde David Cornejo Chinguel era alcalde y presunto líder de la organización criminal. Si bien su labor de representación comprende las gestiones ante las entidades pública, cuando se cobra un porcentaje por esta gestión esta actividad se pervierte y se convierte en una actividad delictiva”, expuso.

Sobre el particular, el fiscal Gonzáles afirmó que el exfuncionario usó su cargo para lograr lograr la asignación presupuestal de tres obras públicas en la ciudad de Chiclayo: mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven Fernando Belaunde Terry, mejoramiento de transitabilidad de la Av. Nacionalismo y de las calles del pueblo joven 9 de Octubre.

Elementos

Ante el juez Hugo Nuñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el Ministerio Público subrayó que el exfuncionario tiene arraigo domiciliario débil porque desde que iniciaron las indagaciones en su contra, este hizo un cambio registral de una de sus viviendas a manos de su cónyuge.

Además, el fiscal Ramiro Gonzales indicó que no se conoce que el excongresista tenga alguna actividad económica conocida. Sin embargo, tendrían ingresos económicos que le permitirían huir del país o permanecer oculto, debido al alto cargo que ocupó en el Congreso de la República.

Respondió

Durante su intervención en la audiencia, Becerril Rodríguez expuso que no tiene ninguna intención de fugarse, sino que busca que todo se aclare.

“La persona más interesada en que se esclarezcan estos hechos soy yo. Hace mucho tiempo vienen imputaciones contra mi persona sin ningún asidero legal. Solo dichos de personas y yo creo que esta es una gran oportunidad”, aclaró.

Asimismo, aseguró que existe una persecución en su contra, basándose en declaraciones que no tienen sustento legal.

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