Coronavirus en Perú. El desinterés y casi nula atención de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Desa) para atender a los 4,600 reos del penal de Chiclayo, complica el problema principal que es el hacinamiento el que se convierte en el aliado principal de la COVID- 19.
Del sistema penitenciario se disgregan una serie de necesidades principales, en salud y educación que deben ser atendidas por el Estado, recalca la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las personas.
Este establecimiento penitenciario se construyó para 960 internos; empero a la fecha alberga a casi cinco mil personas con procesos penales en curso, sentenciados y con prisión preventiva.
La pandemia por la COVID- 19 desnudó la crisis que soporta el penal, en razón que no cuenta con los recursos humanos, logísticos e insumos para la prevención y atención de las víctimas de este virus.
Empero qué sucede cuando la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa) no presta apoyo a esta población, muchas veces rechazada por la sociedad.
El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes enfatizó que transcurrió más de cien días del estado de emergencia y la Desa no efectúa coordinaciones con la jefatura de tópico del penal a fin que se realice el estudio epidemiológico que permita atender y monitorear casos detectados como sospechosos y confirmados de COVID- 19.
Tampoco se elaboró una estrategia sanitaria para la atención oportuna den aquellos casos confirmados a fin de otorgar medicamentos, Equipos de Protección Personal (EPP) y pruebas rápidas.
En ese contexto señaló que Salud solo realizó la orientación técnica para las labores de desinfección en el establecimiento penitenciario, que registra 6 fallecidos y 18 contagiados.
A su turno, la comisionada Marilia Flores indicó que se insistió para que Salud respete las disposiciones del (Minsa), pues de lo contrario se tomarán acciones legales.
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