La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) trató hoy en Consejo de Ministros las propuestas que ha presentado la Cámara de Transporte Urbano para seguir operando con la mitad de pasajeros debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19. Entre sus planteamientos están el subsidio de pasajes y la estabilidad jurídica relacionado a los permisos de operación.
El presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja Fonseca, dijo que la ATU los ha convocado para mañana con el fin de informarles los resultados de su intervención en la sesión del Consejo de Ministros, respecto a las propuestas que los trasportistas entregaron ante las nuevas condiciones en que deben operar.
En cuanto al subsidio, el directivo manifestó que su gremio entregó estudios sobre los ingresos que tenían antes de la emergencia sanitaria y cómo son ahora. Mencionó que el actual aforo de pasajeros se ha reducido a la tercera parte, lo cual les impide subsistir.
“Antes de la emergencia un vehículo promedio podía llevar 45 pasajeros sentados, más 25 a 30 parados que sumaban unos 75 pasajeros en horas punta. Ahora ya no se puede llevar parados y nos parece bien porque lo contrario atentaría contra la seguridad de la población. Pero con este ingreso es imposible cubrir el costo del combustible, el pago de chofer, el Soat, seguros y todo lo que representa la operatividad. El pasaje tendría que estar entre 5.50 a 6.00 soles, que en este momento es imposible porque la población está golpeada. Por eso se pidió al Estado que subsidie lo que el público no puede pagar”, explicó Pareja Fonseca.
Acotó que también han planteado que dicha ayuda se otorgue en función a la cantidad de kilómetros que las empresas demuestren haber recorrido. Esto, para evitar que empresas, transportistas, informales o piratas que no prestan el servicio dentro de las condiciones de seguridad pretendan obtenerla. Para el efecto se instalaría GPS en todos los vehículos y el control estaría en manos del propio Estado, según manifestó Pareja.
La otra propuesta tiene que ver con la estabilidad jurídica respecto a los permisos para seguir operando. El gremio de transportistas estima que la renovación debe darse cada diez años, pero para las empresas que demuestren calidad en el servicio y tengan un cronograma de acciones en cuanto a la renovación de sus flotas, o capacitaciones sobre buen trato al público.
Ricardo Pareja dijo que los diez años que solicitan es para que en ese tiempo puedan desarrollar políticas a largo plazo. Alegó que ningún banco puede financiar la compra de un vehículo a cinco años si la autorización de operaciones es solo para seis meses.
También consideró que este es un excelente momento para que las empresas formales puedan demostrar que están trabajando de manera eficiente y cambiar la mala imagen que han tenido los transportistas ante la opinión pública.
Relató que muchas empresas de su organización ya están cobrando el pasaje mediante tarjeta para evitar no solo el virus de la Covid-19 sino cualquier otro que se puede transmitir a través del dinero.
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Asimismo, han empezado a hacer un monitoreo de sus unidades por control satelital. De esta manera vigilan que los vehículos vayan debidamente distribuidos en la ruta sin necesidad de que uno esté compitiendo con otro. Además, han colocado cámaras que les permite constatar alguna maniobra temeraria de los choferes. La finalidad es corregir las malas prácticas y de persistir el hecho, buscar el reemplazo del conductor.
“Son una serie de acciones que se pueden hacer si hay buena voluntad por parte de las autoridades y de los transportistas. Ojalá que mañana, en la reunión con la ATU, tengamos noticias positivas para que nuestro servicio continúe. De no haber un subsidio, el transporte formal tendría que declararse en quiebra y dejar de operar. Al final entrarían todos los piratas e informales de que lo único que generarían es un contagio masivo porque ellos no respetarían los protocolos correspondientes”, sostuvo el presidente de la Cámara de Transporte Urbano.
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