Chiclayo: solo 2 de cada 10 colegios privados cuentan con plataforma virtual para estudiantes
A partir de mañana las UGEL iniciarán con procesos de fiscalización, pues instituciones educativas tienen plazo hasta hoy para sincerar sus pensiones.
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Coronavirus en Perú. El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, informó que solo el 20% de las instituciones educativas privadas cuenta con una plataforma virtual habilitada para brindar clases a distancia.
El resto comunica las sesiones de aprendizaje a través de herramientas que no requieren de mayor gasto pues son gratuitas, tales como correos electrónicos, Whatsapp y Zoom. Frente a esta situación, Salazar explicó que los colegios privados tienen plazo hasta hoy para transparentar sus gastos a los padres de familia, con el fin de justificar el cobro de las pensiones.
Si el padre no está de acuerdo con el monto fijado puede trasladar al estudiante hacia otra institución educativa. A partir del 12, las UGEL iniciarán su labor fiscalizadora en coordinación con el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
“La educación es un derecho, un servicio, por lo tanto no se puede exceder en el lucro por un servicio que no está justificado. Tienen que sincerar sus costos”, precisó Salazar.
Por otro lado, en lo que va del Estado de Emergencia, la entidad recibió cerca de 40 denuncias hacia colegios privados. No obstante, solo cinco fueron ingresadas formalmente, mientras que los casos restantes fueron comunicados a través de llamadas telefónicas. Las denuncias fueron enviadas a la Comisión de Procesos Administrativos para iniciar con las investigaciones correspondientes.
La mayoría de estas denuncias fueron por el cobro de pensiones excesivas; incluso, como los padres no pagaron el monto, le quitaron a los estudiantes el acceso a la plataforma virtual quedándose sin recibir las clases virtuales. Este tipo de acciones, según explica Salazar Piscoya, contraviene la normativa, pues el derecho a la educación no debe estar condicionado al pago de pensiones.
“Los colegios privados deberán dar sus descargos. Nosotros investigamos el hecho y recomendamos una sanción que podría ir desde el pago de una multa hasta el cierre de la institución”, puntualizó.