Contraloría identifica deficiencias que afectan seguridad ciudadana

La Contraloría General de la República realizó del 10 al 14 de junio en las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes un operativo de control denominado “Seguridad Ciudadana 2019” para identificar las carencias y deficiencias que afectan un combate eficaz contra la criminalidad.

En La Libertad se supervisaron 45 comisarías y 32 municipalidades que cuentan con servicio de Serenazgo.

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Entre los principales riesgos identificados está que el 73,3% de comisarías no contaría con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019”, que denotaría falta de acciones articuladas e integradas con las municipalidades. El Plan de Patrullaje Integrado prioriza la vigilancia en los sectores más peligrosos registrados en el mapa del delito de una jurisdicción.

Otro punto es que el 90,9% de policías en La Libertad requiere de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. Además, el 23,6% de vehículos para el patrullaje se encontraría inoperativo, situación que afectaría la cobertura del servicio e incrementaría la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Respecto de los serenazgos, el 32,4% de las unidades móviles se encontraría inoperativo. Por otra parte, el 53,1% de comunas no contaría con un sistema de videovigilancia, lo cual afectaría el carácter disuasivo y preventivo en las vías y espacios públicos.

En La Libertad, las comisarías contarían en promedio con un policía por cada 1,151 habitantes y un patrullero por cada 23,902 ciudadanos.

En Piura

En Piura se supervisaron 28 comisarías y 20 municipalidades. Se reportó que el 42.9% de delegaciones no contaría con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019” con las comunas.

A ello se agrega que el 89.6% de policías en Piura requiere de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie.

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El 38% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontraría inoperativo. Otro dato significativo es que el 60.7% de comisarías de Piura no contaría con un mapa gráfico y georreferencial de las medidas de protección remitidas por el Juzgado de Familia, lo que podría afectar la adecuada programación y ejecución de acciones para la protección de las víctimas.

Tras visitar los municipios se verificó que el 35% de estos no habría regulado el Serenazgo a través de ordenanzas, lo que pondría en riesgo la formalidad de sus acciones.

En Piura, las comisarías contarían con un policía por cada 709 habitantes y un patrullero por cada 27,439 ciudadanos.

Lambayeque

En esta región se verificaron cifras alarmantes en cuanto al funcionamiento de la Macrorregión Policial Lambayeque, en la que advierte el mal funcionamiento de poco más del 40 por ciento de unidades móviles y la falta de un plan de operaciones en su lucha contra la delincuencia en casi la mayoría de las dependencias policiales.

El informe revela que el 54,2% de comisarías no contaría con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019” y el 84,3% de policías requiere de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie, así como chalecos antibalas y esposas metálicas.

Según los inspectores de la Contraloría, el 40,3% de vehículos motorizados para el patrullaje se encontraría inoperativo. En cuanto a los serenazgos, en toda la región se encuentra con las mismas carencias.

De igual manera, el 45,8% de comisarías no tendría un mapa gráfico y georreferencial de las medidas de protección remitidas por el Juzgado de Familia, en torno a las denuncias de violencia doméstica.

En Tumbes

Y en Tumbes se supervisaron 11 comisarías y 8 municipalidades, hallando similares deficiencias que en las otras regiones.

El 63,6% de comisarías tumbesinas no contaría con el “Plan de Patrullaje Integrado para el año 2019”, lo que afecta la lucha contra la criminalidad.

El 89,1% de policías en Tumbes requiere de radios portátiles de comunicación para realizar el patrullaje motorizado y a pie. Igualmente los custodios del orden deberían contar con equipos de comunicaciones, chalecos antibalas y esposas metálicas, ya que de lo contrario se estaría afectando la adecuada prestación del servicio.

En esta región, el 75% de las comunas no contaría con un sistema de videovigilancia en funcionamiento. El 35,4% de los vehículos motorizados que destinan los municipios para el patrullaje se encontraría inoperativo.

En Tumbes se contaría con un policía por cada 436 habitantes en promedio y con un patrullero por cada 6917 ciudadanos. El déficit de unidades vehiculares se debe al alto porcentaje de patrulleros inoperativos.