Amenazan a presidente del Poder Judicial por intervenir en reserva Chaparrí

Personas vinculadas al tráfico de tierras enviaron amenazas por su postura contra la invasión en la reserva. Duberlí Rodríguez ha solicitado garantías para él y su familia.,Amenazan a presidente del Poder Judicial por intervenir en reserva Chaparrí,Amenazan a presidente del Poder Judicial por intervenir en reserva Chaparrí,El mismo día que el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo, visitó la reserva natural de Chaparrí recibiría una amenaza a través de su hermano: “Dile a Duberlí que no se meta, esta es una advertencia”. La cabeza de un poder del Estado bajo la mira de los traficantes de tierras. PUEDES VER Reserva Ecológica de Chaparrí en peligro Según cuenta Rodríguez Tineo, la noche del 27 de enero tres sujetos a bordo de un auto llegaron a la vivienda de su hermano –cuyo nombre mantenemos en reserva por motivos de seguridad– en el distrito de José Leonardo Ortiz para dejar el mensaje. “Se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial, lo que significa que el crimen organizado no solo está en asaltantes de bancos o en la corrupción, sino también en el tráfico de tierras”, indicó. Garantías de vida A raíz de esto la máxima autoridad del PJ ha pedido garantías para él y su familia en el Ministerio del Interior, pues teme que las amenazas se concreten. El magistrado también entregó el nombre de diez personas involucradas en investigaciones fiscales por delitos cometidos contra la reserva Chaparrí y los comuneros que la defienden. En esta lista están incluidos los hermanos Cruzado Carranza, quienes serían sospechosos de la muerte del teniente gobernador del caserío El Mirador, Napoleón Tarrillo. “Si algo le pasa a alguien de mi familia o a mí, ellos (los de la lista) serán los responsables de esta situación. No podemos permitir que los invasores de tierras que quieren destruir Chaparrí se atrevan a amenazar a la autoridad máxima de un poder del Estado. Si eso hacen conmigo, mañana lo harán con el propio presidente de la República y eso no lo podemos permitir”, lamentó. En Chaparrí, según el Frente de Defensa, 25 comuneros han sido amenazados. Sin embargo, hasta el momento según la Defensoría del Pueblo, solo tres cuentan con garantías personales. El conflicto En febrero de este año la Defensoría del Pueblo incluyó a Chaparrí en su mapa de conflictos sociales, pero el problema en estas tierras viene desde el 2014. A partir de esa fecha, personas ajenas a la comunidad provocaron incendios para acabar con la vegetación. Incluso en el sector Pampas Yaipón utilizaron maquinaria pesada para talar los árboles de algarrobo y zapote con la intención de lotizar el área deforestada. El Ministerio del Ambiente señala que solo 50 hectáreas han sido afectadas, pero el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí estima que al menos mil hectáreas ya habrían sido lotizadas. Otro punto a considerar es que la misma junta directiva de la Comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, propietaria de estas tierras, busca reducir las 34,412 hectáreas destinadas a la conservación. Incluso, el pasado 30 de diciembre, el teniente gobernador del caserío El Mirador, Napoleón Tarrillo Astonitas, fue asesinado a golpes al interior de su vivienda. Los sujetos también maniataron a su esposa, Flor Vallejos Rojas, quien logró escapar con vida. Según cuenta la familia, el ambientalista venía siendo amenazado por oponerse al tráfico de tierras. Incluso días antes de ser asesinado pretendía formar una ronda campesina –con apoyo de ronderos de Chota– para desalojar a los invasores de la reserva. Las amenazas se han hecho visibles en Chaparrí. Algunos comuneros prefieren mantenerse al margen del conflicto por miedo a represalias. Cuando Duberlí Rodríguez llegó a la reserva ecológica cuestionó “la lotización y venta de terrenos de la reserva” y “la posible construcción de la represa Montería”. Además, pidió a los magistrados acelerar las investigaciones. “Estoy muy preocupado por lo que sucede en Chaparrí. Están haciendo todo lo posible para que haya impunidad, pues todas las denuncias están siendo archivadas”, declaró la mañana de aquel 27 de enero. Esas palabras, días después, provocaron que los traficantes intenten silenciarlo.