Hijos de asesinado alcalde de Samanco piden que se inicie juicio oral

Lentitud judicial. Ya se cumplió dos años de doble crimen y hasta ahora los culpables no han sido sentenciados.,Lindberg Cruzado. Chimbote Los hijos del asesinado alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, pidieron que no se dilate más tiempo y se inicie el juicio oral para que se condene ejemplarmente a los homicidas de su padre y del abogado Henri Aldea Correa. Carlos Fernández Beltrán, abogado de los hijos de Ariza Espinoza, dijo que es comprensible la indignación de sus patrocinados porque acaba de cumplirse dos años del doble crimen y hasta ahora no se emiten las sentencias. “Si bien se viene desarrollando el control de acusación, los familiares de las víctimas perciben que el proceso judicial va lento y es que el 20 de octubre se ha cumplido dos años del brutal atentado y ni siquiera ha iniciado el juicio oral”, declaró. Fernández dijo que recién podría culminarse el control de acusación el 2 de noviembre para recién en diciembre empezar el juicio oral contra los 16 implicados en los asesinatos de Ariza y Aldea. “Si no hay más contratiempos en diciembre podría comenzar el juicio oral, ahora no podríamos decir en cuántos meses más el Poder Judicial podría estar emitiendo su fallo, que esperamos sea ejemplar contra los autores intelectuales y materiales del doble crimen”, pronunció. El abogado remarcó que el fiscal Edwin Cipriano Lozano de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, cuenta con dos colaboradores eficaces, dos testigos en reserva y más de 230 documentales para sustentar su tesis acusatoria. “Hay que tener en cuenta que el fiscal ha presentado abundantes medios probatorios para demostrar ante la justicia que el alcalde Francisco Ariza fue asesinado para que un grupo de personas tome el control del municipio de Samanco y, por ende, esté a cargo de las licitaciones de las obras que se iban a ejecutar en esta gestión”, añadió. La Fiscalía ha pedido penas que van desde los diez años de cárcel hasta la cadena perpetua, mientras que la Procuraduría del Ministerio del Interior demandó el pago de una reparación civil solidaria de medio millón de soles a los autores intelectuales y materiales.