Poder Judicial niega permiso a exjueza Enma Benavides para viajar a España

El Poder Judicial no autorizó a la destituida exjueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal Patricia Benavides, para que viaje a España del sábado 21 de diciembre de 2024 al sábado 11 de enero de 2025, a fin de recibir atención médica en la especialidad en neurocirugía en Madrid.

Benavides Vargas debe tramitar la autorización cada vez que intente viajar fuera de Lima porque se le impuso comparecencia con restricciones en el proceso que se le sigue por asociación ilícita para delinquir y cohecho, por las presuntas coimas que habría recibido para fallar a favor de procesados por narcotráfico.

El juez supremo provisional Saúl Peña Farfán, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, negó el permiso alegando que el informe médico presentado es de mayo de 2024, que la consulta podría hacerlo de manera virtual, que los boletos de avión no están a su nombre y que no precisó en dónde se hospedería.

“No se justifica el viaje como urgente, de emergencia ni estricta necesidad de manera indispensable, y al ponderar estos elementos frente a los fines del proceso penal, que buscan asegurar la presencia de la imputada y prevenir cualquier obstáculo a la administración de justicia, la solicitud no resulta razonable”, argumentó el juez supremo.

Peña Farfán aplicó de oficio los requisitos establecidos en la Ley 32130 para evaluar pedidos de viaje. Sin embargo, no aplicó la reforma introducida en dicha norma que fija plazos para la comparecencia con restricciones.

Restricciones vencidas

A la hermana de la exfiscal Patricia Benavides se le impuso comparecencia con restricciones en setiembre de 2021, hace 38 meses.

La Ley 32130 estableció que la comparecencia con restricciones tenga los mismos plazos que la prisión preventiva. Es decir, 9 meses en casos simples, 18 meses en casos complejos, y 36 meses en casos de crimen organizado.

Así las cosas, la medida contra la exjueza Enma Benavides, a quien se le imputa asociación ilícita para delinquir (hoy organización criminal), venció en setiembre de 2024.

La defensa de la exmagistrada puede apelar la decisión del Juzgado Supremo para intentar conseguir la autorización de viaje e, incluso, el levantamiento de todas las reglas de conducta por haberse sobrepasado el plazo de 36 meses.

Recientemente, en un recurso proveniente de Tumbes, la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo titular César San Martín aplicó de oficio la Ley 32130 para fijar un plazo a la comparecencia restrictiva que se le impuso a un investigado.