2024 será un año difícil para la independencia del sistema judicial

El año 2024 pondrá a prueba la independencia del sistema judicial. Este año se debe elegir a un nuevo colegiado de la Junta Nacional de Justicia, la institución que elige, nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales de todos sus niveles.

Los actuales integrantes, Antonio de la Haza Barrantes, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Inés Tello de Ñecco, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán cumplen su mandato en diciembre de 2024 y antes debe elegirse a un nuevo colegiado.

Para ello, de acuerdo con la ley nº 30916, entre enero y marzo, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, deberá convocar a la Comisión Especial que debe elegir y nombrar un nuevo colegiado para integrar la JNJ.

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El primer paso es coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec para la elección de los representantes de las universidades, uno de las públicas y otro de las privadas. Elegidos estos, se instala la Comisión Especial.

La comisión estará presidida por Gutiérrez, y además de los representantes de las universidades, la integran el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela; el contralor general de la República, Nelson Shack; el presidente del Tribunal Constitucional en ejercicio; y el fiscal de la Nación, hoy el interino Juan Carlos Villena.

En paralelo a este proceso, continuarán los ataques de la mayoría del Congreso para impedir que la actual Junta sancione de manera definitiva a la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides Vargas.

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Se prevé que en enero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apruebe la acusación contra todos o parte de la actual composición de la Junta, que se debatiría y votaría en el Pleno en marzo.

La intención es paralizar la Junta o dejarla sin quorum hasta que venzan los seis meses de suspensión de Benavides, no puedan emitir una decisión definitiva y ella busque su reincorporación al Ministerio Público. 

De suceder eso, será crucial la Junta de Fiscales Supremos, integrada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez Velarde y Delia Espinoza.

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El máximo órgano del Ministerio Público puede poner un pare al intento de Benavides para regresar a la Fiscalía de la Nación, cuestionada, denunciada, pero sin una sanción definitiva.

Esto explica la nueva arremetida contra el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez Velarde, por un hecho sin repercusiones legales que ocurrió el 2018.

Lo que se pretende en realidad es sacar de juego a Sánchez para que la Junta de Fiscales Supremos, que funciona al mínimo, se quede sin quorum y se vean obligados a aceptar el retorno de Benavides y con ella el de todo su grupo de asesores y fiscales incondicionales.

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De regresar Benavides a la Fiscalía de la Nación, pasaría a integrar la Comisión Especial que elegirá un nuevo colegiado de la Junta Nacional de Justicia, que podría definir su situación, si el actual consejo no lo logra.

Un juego de poder que podrá en riesgo la independencia y autonomía de los jueces y fiscales. Junto con ella, la inestabilidad afectará aún más el lento avance de los procesos judiciales.

El 2023 termina sin sentencia importantes en los casos más trascendentes de corrupción. Se espera que varios juicios se inicien el 2024, pero en medio de un guerra de poder, todo puede pasar.

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Benavides se queda sin protección

El tercer Juzgado Constitucional de Lima declaró inadmisible la demanda de amparo que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra la Junta Nacional de Justicia. Le dieron tres días para que precise el motivo de su demanda y si tiene otros procesos en trámite. Si en tres días no contesta, la demanda pasa al archivo.

Previamente, la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó la medida cautelar que impedía a la Junta avanzar con diversas investigaciones en su contra. La Junta puede deliberar y votar en cualquier momento.