Universidad Alas Peruanas sustentó ante Sala de Apelaciones devolución de sus 34 inmuebles

La defensa de la nueva gestión de la Universidad Alas Peruanas sustentó, ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, la presunta ilegalidad de la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday, de convalidar la incautación de los inmuebles del centro de estudios, que se produjo el 11 de abril de este año, cuando el plazo máximo para ejecutar la medida por el fiscal Wilson Salazar Reque vencía el 5 de abril.

El 14 de marzo, el juez Víctor Zúñiga emitió la Resolución n° 5, notificada el 21 de marzo, autorizando al fiscal Wilson Salazar para que, en un plazo de dos semanas, cumpliera con la incautación de los bienes de la UAP, hasta el 5 de abril.

Sin embargo, el fiscal Salazar ejecutó la medida cuando el mandato judicial se encontraba vencido.

En consecuencia, la defensa de la UAP solicitó al magistrado Víctor Zúñiga la anulación de todo lo actuado y la devolución de 34 inmuebles y 7 avionetas de la Escuela de Aviación de la UAP.

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Empero, mediante resolución n° 8 del 13 de abril, el juez Zúñiga “corrigió” y “aclaró” su propio mandato para convalidar la actuación del fiscal Wilson Salazar, alegando que se había cometido un “error material”. Lo cierto es que al modificar por completo su decisión inicial, el juez Zúñiga hizo una aplicación indebida de la norma, de acuerdo con la defensa de la universidad.

El abogado de la UAP en este caso, Carlos Caro Coria, argumentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que la incautación que ejecutó el fiscal Wilson Salazar no es legal porque se produjo luego de vencido el plazo.

“La incautación se produjo cuando la medida ya estaba caduca. Luego que pedimos que se anulara todo porque la acción se produjo de manera extemporánea, el juez Víctor Zúñiga respondió que había dado más plazo cuando en realidad no fue así. Estamos hablando solo por los bienes de la Universidad Alas Peruanas”, explicó Carlos Caro.

“Para nosotros es un hecho absolutamente ilegal, porque la norma señala que el plazo para una incautación es de 14 días, dos semanas. Y ese plazo ya había expirado, porque la resolución fue remitida el 21 de marzo. Entonces, cuando la medida se cumplió el 11 de abril, ya estaba completamente fuera de plazo”, señaló Caro.

El abogado relató que, al día siguiente de la incautación, la defensa técnica de la UAP envió el escrito al juez Víctor Zúñiga Urday, en el que le hizo notar que el fiscal Wilson Salazar había ejecutado la medida con una resolución caduca, solicitando el cese de la incautación.

Convalidación y “parchado”

“El juez Zúñiga, en lugar de ordenar el cese de la incautación de los bienes de la UAP, emitió una nueva resolución ‘parchando’ y convalidando lo que no dice la ley. La incautación se produjo de manera extemporánea”, indicó Carlos Caro.

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“La UAP solo busca que se haga justicia y de esta manera lograr recuperar sus bienes porque tiene a miles de alumnos que necesitan concluir sus estudios hasta 2025”, dijo.