Fiscalía investiga lavado de activos en campaña de Fuerza Popular del falso fraude

Por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencial, el fiscal José Domingo Pérez resolvió ampliar la investigación por lavado de activos, con el agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubín, Milagros Takayama Jiménez; y la contadora del partido, Lindman Miranda Zamalloa.

Según la disposición fiscal a la que tuvo acceso La República, luego de que los resultados de la votación del 6 de junio del 2021 dieran como ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, Keiko Fujimori no solo desconoció el resultado, sino que emprendió una furibunda campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular en favor de su contrincante.

Con el falso argumento de una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices de Fuerza Popular afirmaban sin pruebas que se le había arrebatado el triunfo en beneficio del “candidato comunista” Pedro Castillo. La Fiscalía investigó y no encontró evidencias de fraude.

Keiko Fujimori consiguió que su falsa narrativa del fraude electoral fuera respaldada por los medios de comunicación que apoyaron su candidatura en la segunda vuelta, y así inició la captación de fondos para financiar su nueva campaña contra el “fraude” tras la derrota.

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“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias y a los juegos de tragamonedas, así como la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país. Es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo del 2021 y 30 de julio del 2021”, describe el fiscal José Domingo Pérez en el mandato de ampliación del caso por lavado de activos.

“Todo ello demostraría que la campaña del fraude era un mecanismo de la organización criminal enquistada en Fuerza Popular para causar intranquilidad en la sociedad, pues a través de la desinformación y noticias falsas, desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec, se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país, desestabilizándolo, tal y como ha ocurrido en las elecciones pasadas”, precisa el fiscal Pérez.

Entre enero y julio del 2021, Fuerza Popular reportó a la ONPE 473 aportes en efectivo de dinero, pero anuló 142 de estos (30%), lo que es significativo para el fiscal.

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“Esas incidencias son bastante sospechosas y llaman la atención, más aún porque Fuerza Popular no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines del 2020 y todo el 2021”, resalta el fiscal Pérez.

“Todas las circunstancias señaladas nos permiten inferir razonablemente la posible existencia del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas”, concluye.

El dato

Contante y sonante. Parte del dinero pudo haberse destinado al financiamiento de 942 nulidades que presentó Fuerza Popular a un costo de S/1.100.000. Además de otras 367 apelaciones por S/242.220. Aparte de 75 apelaciones de observaciones por S/31.350. Esto es, un total de S/1.309.770. Nunca se probó que hubo fraude, como sostenía Keiko Fujimori.

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Ya fueron citados

El fiscal José Domingo Pérez ha citado para este mes a Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Milagros Takayama.

También a Karina Beteta, Miguel Torres y Lindman Miranda