El expediente físico del caso Cócteles está desordenado e incompleto, lo que impide que se realice un pronto y oportuno trámite de 67 apelaciones a los pedidos de nulidad y sobreseimientos rechazados por el juez Víctor Zúñiga, algunos de los cuales datarían del año 2021.
Esta es la advertencia que lanzó la especialista judicial Roxana Campos López, en un informe de trabajo remitido al magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el 20 de julio último, sobre el retraso en el trámite de este complejo proceso judiciales que implica al partido político Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori en un presunto lavado de activos.
Además, Campos López, una experimentada asistente judicial que durante varios años trabajó con el juez Richard Concepción Carhuancho, refirió deficiencia de personal en la Corte Penal Nacional por un recorte de trabajadores realizado en febrero y un “gran número de renuncias por parte del personal jurisdiccional”, de tal manera que, por ejemplo, ella debe atender dos secretarias simultáneamente.
Igualmente, su informe da cuenta que la doctora Ingrid Nevada y el especialista de audiencias Luis Vera no cumplieron con el acuerdo, tomado en marzo pasado en presencia del juez Zúñiga, para entregar en una semana todo el expediente de manera física.
El problema se ha hecho público luego que la Segunda Sala de Apelaciones Nacional devolvió al referido juzgado un cuaderno de apelación señalando que no tenía la información completa -copias de las partes pertinentes del expediente- para resolver y, además, pidió que estos se tramiten independientemente y no en paquete.
Ante “la complejidad del expediente que contiene 101 resoluciones y 1.000 ingresos se procedió a oficiar el 14 de julio de 2023 a la administración del Módulo Procesal Penal y a la presidencia de la Corte a fin de que se designe mínimamente dos asistentes jurisdiccionales que se encarguen a dedicación exclusiva a la revisión y elevación de los recursos presentados”.
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Aunque Campos, no lo dice textualmente, toda esta situación generará que el juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular no podrá comenzar este año y, de no haber una adecuada solución, probablemente tampoco el 2024.
Roxana Campos encargó a uno de sus auxiliares, la asistente jurisdiccional Kimberly Lezama Pérez, la revisión completa del expediente del caso Cócteles. Lo que Lezama encontró fue un desorden total, concluye.
El informe de la mencionada asistente refiere que el 11 de marzo de 2021, el fiscal especial José Domingo Pérez presentó acusación mixta, en la que pidió sobreseer (archivar) el caso a seis personas y formuló acusación contra otros 42 investigados, “sin elementos de convicción impresos” adjuntando 63 CD con un registro de 13.082 folios, pero de los que solo aparecen digitalizados en el sistema 9.522, faltando que se digitalicen los restantes 3.530 folios. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2021, el fiscal presentó la integración de su acusación en la que se resuelve la situación de 14 colaboradores eficaces, se pide el archivo ya no para seis, sino para ocho investigados, mientras que el número de acusados pasó de 42 a 54 investigados.
Esta integración consta de 15.823 folios, ordenados en 53 tomos de 300 folios cada uno, más un tomo de 225 folios, de los cuales al día de hoy no se han digitalizado el tomo 3 y el tomo 9.
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Ante la falta de tomos digitalizados y la necesidad de avanzar con el trámite de las apelaciones, Campos propuso que se habilite un espacio en el área de informática para que los jueces de la Sala de Apelaciones visualicen los folios que necesitan, tener que enviárselos, y sin que tengan acceso a todo el expediente, pues está prohibido que vean todo el expediente.
Informe de Roxana Campos da cuentas de los problemas que atraviesa el caso Cócteles contra Keiko Fujimori.