Caso Sada Goray: son 15 los implicados en crimen organizado

En la mañana del viernes 7 de julio, la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong llegó al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Tampa, Florida, para rendir su testimonio ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICCOP).

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Después de confesar que había pagado sobornos por S/4 millones al exoperador del Gobierno de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo Alcántara, Goray consiguió que la fiscalía acepte que continuara residiendo en el exterior por razones de seguridad a cambio de regresar al país al menos una vez al mes para proseguir con sus declaraciones.

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Aparentemente, sin su conocimiento, la Fiscalía cambió la situación legal de la propietaria de Marka Group y la incluyó como parte de una organización criminal. Por eso, fue detenida en las instalaciones del hotel Costa del Sol, ubicado en el terminal aéreo.

Además del arresto de Sada Goray, el EFFICCOP solicitó la intervención de 16 personas. Empero, el magistrado Justiniano Romero autorizó solamente la aprehensión de Sada Goray Chong; de su exesposo Luis Mesones Odar; del expresidente del Fondo Mivivienda (FMV), Pedro Arroyo Marquina; del exdirector del FMV Roger Gavidia Johanson; y del periodista Mauricio Fernandini Arbulú.

Han sido llevados a prisión por 10 días Goray, Fernandini y Arroyo. Al cierre de esta edición, Mesones y Gavidia continúan en condición de prófugos de la justicia.

De acuerdo con lo que postula el EFFICCOP, al iniciar su régimen, el expresidente Pedro Castillo montó una organización criminal con los financistas de la campaña, a quienes había colocado en posiciones clave: Geiner Alvarado López como ministro de Vivivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de asesores de dicha dependencia. Por intermedio de su abogada y amiga Pilar Tijero Martino, Sada Goray llegó a Mauricio Fernandini y este le contactó con Salatiel Marrufo.

La empresa de Goray, Marka Group, tenía una serie de proyectos que requerían el financiamiento del FMV, pero había sido rechazada. También fueron desestimados sus pedidos ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para que fuera revertido un terreno supuestamente de su propiedad que estaba inscrito a nombre del Estado. A cambio de una coima de S/4 millones, Marrufo prometió a Goray que conseguiría el aporte del FMV para sus planes inmobiliarios y que la SBN emitiría una resolución reconociendo como suyas 90 hectáreas en Chilca.

Según la descripción de los hechos por parte del EFFICCOP, para cumplir con su cometido ilícito, la organización criminal que operaba desde Palacio de Gobierno tomó el Fondo Mivivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), designando a personas que cumplirían con acceder a los pedidos de Sada Goray. Con la participación de estos funcionarios elegidos a dedo, este grupo delictivo pudo consumar las solicitudes de Goray.

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Con respecto al Fondo Mivivienda, estos son los funcionarios:
- Pedro Arroyo Marquina: amigo y socio del exesposo de Sada Goray (Luis Mesones Odar) nombrado presidente del directorio de FMV.
- Luis Mesones Odar: fue designado como asesor de Pedro Arroyo. Además, fue gerente general de Marka Group y socio en varias empresas de Arroyo. También intervino en las sesiones del directorio del FMV.
- Roger Gavidia Johanson: exdirector del FMV nombrado a pedido de Sada Goray.
- Gonzalo Arrieta Jovic: exdirector del FMV designado a solicitud de Sada Goray.
- Juan Forero Monroe: ex gerente general del FMV en el cargo por recomendación de Sada Goray.
- Luz Mayhua Elguera: exsupervisora de fideicomisos del FMV vinculada con Sada Goray.

Todos estos funcionarios intervinieron directamente en la aprobación de ocho proyectos inmobiliarios de Marka Group. Al momento de destaparse el caso de corrupción, el FMV había transferido recursos a los fideicomisos de los proyectos de Sada Goray por S/148,2 millones.

La República publicó las actas de todas las sesiones del Comité de Riesgos y de los Directorios del FMV en los que las personas mencionadas participaron en beneficio de dichos proyectos.

La empresaria también enfrentaba otro problema que ponía en riesgo sus millonarias inversiones. Había comprado 90 hectáreas de un terreno con fines de vivienda en Chilca, pero el predio estaba inscrito como propiedad del Estado. Ella afirmaba que se trataba de un problema de superposición. Sin resolver esta dificultad, consiguió vender a Centenario Desarrollo Urbano, del Grupo Romero, 30 hectáreas por US$15 millones el 29 de diciembre de 2019.

Las otras 60 hectáreas las vendió al mismo Centenario Desarrollo Urbano por US$39 millones el 1 de febrero de 2021, según el contrato publicado por La República. En ese momento, el terreno continuaba sin sanear. Si no lo hacía, perdería US$54 millones. Por esta razón, también recurrió a Salatiel Marrufo para que la SBN solucione el conflicto de la inscripción. Para dicho fin, como ocurrió con el FMV, Marrufo cambió a los funcionarios y ubicó a otros con el objetivo de favorecer a Sada Goray.

De acuerdo con la EFFICCOP, los implicados son los siguientes:
- Cynthia Rudas Murga: extitular de la SBN.
- Marina Subiría Franco: exdirectora de Patrimonio Estatal de la SBN.
- Héctor Chávez Arenas: exdirector de Patrimonial Estatal de la SBN.
- Jacqueline Perales Olano: ex gerente general de la SBN.
- Flor Olivera Orellana: exasesora externa de la Dirección de Patrimonio Estatal de la SBN.

La red se completa con el extitular de la Sunarp Luis Longaray Chau, puesto en el cargo por Marrufo.
Conforme la resolución judicial del caso, también ha sido incluido como presunto integrante de la organización criminal el gerente general de Marka Group, Ítalo Arbulú Ortega. En una reciente acción de Arbulú, denunció por presunta apropiación ilícita al gerente general y otros funcionarios del FMV por haber cortado la transferencia de fondos a los fideicomisos de los proyectos de Sada Goray.

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Fuentes relacionadas con la empresaria inmobiliaria señalaron que la imputación por crimen organizado contra Goray carece de fundamento. Indicaron que, a diferencia de otros procesados, se presentó ante el EFICCOP, confesó el pago de sobornos por S/4 millones y señaló a los responsables, por lo que consideran que la medida es una “exageración”.

“Si hay peligro de fuga, ¿por qué regresó para continuar con sus declaraciones mensuales ante la fiscalía? Ha aportado evidencias, nombres, documentos. Se ha sometido a la justicia. No hay justificación”, indicaron.

Entre la última información proporcionada por la defensa de Sada Goray al EFICCOP, está un informe del FMV en el que se indica que ha desembolsado a los fideicomisos de los proyectos de Marka Group S/9,9 millones. “Ese dinero fue directo a los proveedores para la ejecución de las obras. Ni un sol ha llegado a los bolsillos de Sada Goray”, arguyeron las fuentes vinculadas con la empresaria.