Alejandro Toledo: PJ resuelve que juicio oral contra expresidente por caso Ecoteva quede en reserva
Jueza indicó que EE. UU. debe pronunciarse respecto a la extradición de Toledo por el caso Ecoteva para continuar con el proceso.
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió reservar el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. En este proceso, la Fiscalía acusa al exmandatario del delito de lavado de activos y pide al Poder Judicial que dicte una pena de 16 años y ocho meses de pena privativa de la libertad.
La jueza superior Josefa Izaga, directora de debates de la sala penal, informó que la decisión de reservar el juzgamiento se debe a que Toledo ha sido extraditado a Perú por el caso Interoceánica y no por la adquisición de inmuebles a través de la offshore Ecoteva. La magistrada también precisó que "recién en marzo" se ha elevado el expediente a Estados Unidos.
"Nos encontramos conformes con la medida tomada por la digna sala, ya que, definitivamente, el hecho de proseguir con la presencia del acusado en este proceso nulificaría este juicio oral, ya que atentaría no solo contra la Constitución sino contra el tratado que es norma interna del país", dijo la fiscal Liliana Briceño Aguayo.
En ese sentido, Toledo Manrique recién podrá afrontar el juicio oral por el caso Ecoteva cuando la justicia de EE. UU. certifique causa probable del exmandatario y el Departamento de Estado dé luz verde al proceso de extradición.
Eliane Karp y Abraham Dav On
La magistrada Josefa Izaga detalló que el proceso de extradición contra Eliane Karp se encuentra en la misma etapa de trámite que la de Alejandro Toledo, es decir, en evaluación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una vez que dicha entidad corrobore el cuadernillo de extradición remitido por Perú, pasará a una corte federal.
Asimismo, la directora de debates comunicó que el proceso de extradición de Avraham Dan On, exasesor de seguridad de Toledo, también está en trámite. Señaló que "ha quedado pendiente de traducción la legislación israelita sobre el delito de lavado de activos". "Será necesario que Fiscalía y Procuraduría colaboren con Coordinación Judicial para poder abonar los honorarios del traductor", requirió.