Dina Boluarte: juez debatió tutela de derechos por investigación por genocidio

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria dijo que dará a conocer su decisión en la próximas horas sobre la solicitud de la Procuraduría en tuleta de derecho en el que solicita que se le remitan los actuados de la investigación contra Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio; así como, que anule la declaración de Alberto Otárola.

La defensa del primer ministro cuestionó que la Procuraduría quiera anular la declaración contra Alberto Otárola en el marco de la investigación por el delito de genocidio. La abogada expuso que la Fiscalía garantizó la declaración del jefe del gabinete ministerial por lo que no considera necesario que se atienda la solicitud de la Procuraduría con respecto a la tutela de derechos.

El representante de la Fiscalía señaló que en las diligencias no se ha vulnerado el debido proceso como lo indica la Procuraduría. Por esta razón en la audiencia le pidió al juez Juan Carlos Checley Soria, titular del Juzgado Supremo, que se declare infudado la tutela de derechos.

Desde la Procuraduría General del Estado informaron que se anule la declaración que realizó la Fiscalía contra el primer ministro, Alberto Otárolam, el pasado 16 de febrero. Esto, debido a que no estuve presente en la diligencias de la investigación.

Durante la audiencia, la Procuraduría indicó que espera que se declare fundada la tutela de derechos para que la Fiscalía ordene nuevas diligencias en torno a las declaraciones indagatorias contra la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

"Solicitamos que se declare fundada la tutela de derechos. Que se ordene a la Fiscalía nuevas diligencias en las declaraciones indagatorias permitiendo la participación de la Procuraduría", dijo la Procuraduría en la audiencia.

La Procuraduría General del Estado en audiencia ante el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria indicó que se ha vulnerado el debido proceso del derecho de defensa y la vulneración al prinicipio de seguridad jurídica en el marco de la investigación contra el presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.