Gasoducto: Sala Penal rechaza recusación del juez César San Martín

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el pedido de inhibición que plantearon la procuradora ad hoc Silvana Carrión y el fiscal supremo Pablo Sánchez para que el juez supremo titular César San Martín Castro se aparte de la casación presentada por los abogados Jorge Elías Danós Ordónez y Ana Sofía Reyna Palacios por la investigación que se les sigue por el Gasoducto del Sur.

Silvana Carrión y, luego, Pablo Sánchez consideraban que se producía un posible conflicto de intereses por la relación del magistrado con los abogados Carlos Caro Coria y Luis Vargas Valdivia. Caro Coria ejerció la defensa de San Martín en un recurso que presentó contra la Junta Nacional de Justicia. Vargas Valdivia trabajó hace más de 20 años junto con el hoy juez supremo y el abogado Danós Ordóñez.

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Actualmente, lo que objetaban la Procuraduría y la Fiscalía era que Coria es abogado de la empresa Enagas, vinculada con el Gasoducto del Sur, por lo que, consideran, lo que se resuelva en la casación también le genera interés. En tanto, Vargas Valdivia es abogado de Danós en el recurso de casación.

Sin embargo, luego de evaluar los hechos y la situación planteada, la Sala Penal de la Corte Suprema consideró que no hay motivos para apartar al juez César San Martín de este caso y declaró infundado el recurso de inhibición, según notificación en la página web del Poder Judicial. El magistrado continuará en el proceso y en los próximos días debe definirse hora y fecha para la audiencia de casación.

La Fiscalía investiga a los abogados del Estudio Echecopar Jorge Elías Danós y Ana Sofía Reyna por elaborar un informe legal a pedido de Proinversión que habría sido luego utilizado para descalificar del proceso de licitación del Gasoducto Sur Peruano al consorcio integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI, en beneficio de Odebrecht y la empresa española Enagás.

Anteriormente, la Fiscalía y la Procuraduría también buscaron apartar al juez César San Martin del recurso de casación presentado por el expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista para que se defina la descripción del delito de lavado de activos, por el que este es investigado, a partir de los aportes que Odebrecht habría realizado a la campaña presidencial el 2011. Esa primera recusación también fue rechazada.