¿Ley sobre terrorismo urbano resuelve la criminalidad en el país?
Discusión. Proyectos de ley que incorporan el delito de terrorismo urbano al Código Penal, presentados por el Ejecutivo y el Legislativo, están siendo debatidos por el Pleno del Congreso de la República. La creación y sanción de este tipo penal ha generado fuertes cuestionamientos técnicos de reconocidos juristas. Aquí sus opiniones.
AVELINO GUILLÉN JÁUREGUI, ex fiscal supremo
“Primero, derogar las leyes que impiden su persecución”
No va a constituir una solución para derrotar al crimen organizado ni a la delincuencia. Es solo una etiqueta a hechos que ya están tipificados en el Código Penal -los delitos de sicariato y extorsión- con penas severas que llegan a la cadena perpetua cuando hay agravantes. Si se quiere dictar medidas para derrotar al crimen organizado, primero se debe derogar las leyes que ha dado el Congreso y que impiden la persecución adecuada al crimen organizado y ha sido un incentivo para que la delincuencia pase a una fuerte ofensiva en todo el país. Dos, se tiene que reforzar la labor de la policía fortaleciendo el trabajo de inteligencia y el área operativa. Tres, destinar recursos económicos suficientes para que la policía cuente con una adecuada infraestructura, recursos humanos y materiales. Para que haya un resultado exitoso tiene que haber una unidad. Esto es, la fiscalía tiene que trabajar con la policía, y lo que ha hecho este gobierno y este Congreso es tratar de impedir que la policía y la fiscalía trabajen de manera concertada como se venía haciendo con la Diviac en investigaciones sobre delitos de corrupción en que estaban involucrados altos funcionarios del Estado.
MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ, ex presidenta del Tribunal Constitucional
“El Congreso se ha convertido en brazo operativo”
El sicariato y la extorsión son delitos que están en el Código Penal y lo que está haciendo el Ejecutivo es aumentar las penas. Esto no va a ayudar a resolver la criminalidad porque está demostrado que las penas más altas no desaparecen los delitos, como cuando se aumentó la pena para el robo de celulares y los robos continuaron.
En tanto no se derogue la ley del allanamiento que dificulta el ingreso imprevisto de la policía a los domicilios, en tanto no se derogue la ley que le da un nuevo concepto a la criminalidad organizada, por más que le aumenten las penas, eso no va a funcionar. Se debe comenzar derogando esta ley para que la policía y la fiscalía, ante la sospecha de extorsión o secuestro, ingresen sin tener que llamar al extorsionador y a su abogado para proceder al allanamiento. La extorsión y el sicariato actúan en organización y como el Congreso ha modificado el concepto de organización criminal estos delitos ya no están dentro del concepto. Por eso sostengo que la clase política y los nuevos actores políticos tienen un rostro delincuencial y el brazo operativo es el Congreso. Si fuera doliente con lo que sufre la población debe derogar estas leyes.
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LUIS VARGAS VALDIVIA, ex procurador
“Se han dedicado a destruir la ley de política criminal”
Es un despropósito, está mal redactada, mal fundamentada, no sigue una línea de política criminal. Este Congreso se ha dedicado a destruir la ley de política criminal implementada en los últimos años. El nombre mismo tipifica el delito de terrorismo urbano. No se entiende que el tipo del delito genérico es terrorismo y terrorismo urbano es el delito específico. El terrorismo ya es el delito más grave en el Código Penal. Sin embargo, se tipifica como terrorismo urbano la toma de carreteras, que también ya está previsto como delito en el Código Penal y las penas son altas. No hay un concepto claro de terrorismo por lo que uno tiene que remitirse al concepto genérico de terrorismo. ¿Tomar en una manifestación las vías calza en los supuestos del delito de terrorismo? no. Están metiendo de contrabando cosas que no van a ayudar.
El problema que tenemos aquí es la ley de criminalidad organizada y todos en el país se han dado cuenta menos los congresistas. Está demostrado que esa ley no funciona, se pidió informes al Ministerio Público y al Poder Judicial y los dos coinciden en que esta ley está mal redactada y va a generar más confusión.
DANIEL HUAMÁN CASTELLARES, docente de Derecho Penal en Univ. Pacífico
“El tipo penal de terrorismo urbano tendrá el efecto de una ley con fines políticos”
Los problemas no se reducen a crear un tipo penal, sino en fortalecer las condiciones para que la justicia penal sea eficiente.
Es decir, dotar con mejores medios y mejor número de efectivos a la Policía Nacional, mejorar las condiciones en las cuales opera el Ministerio Público, fortalecer y aumentar el presupuesto al Poder Judicial para que pueda atender los procesos de manera célere. Asimismo, enfocar en ese sentido las medidas que ahora se tiene.
Entonces, crear un nuevo tipo penal como el terrorismo urbano va a tener el efecto de una norma con un fin más político que un sustento técnico, una norma que actualmente no tendría mayor consecuencia.
Y es que lo que se llamaría terrorismo urbano ya existe como crimen organizado; por lo tanto, elaborar un nuevo tipo penal no resuelve ningún problema, es una modificatoria estructural. Si estuviéramos hablando de una acción que no se encuentra sancionada por el tipo penal tendría mucho sentido, porque ayudaría de alguna otra manera a mejorar la persecución penal. Sin embargo, reitero, esta acción ya se encuentra sancionada; entonces, no lo veo mayormente productivo.
MARIO AMORETTI PACHAS, abogado penalista
“Con esta ley quieren asustar al pueblo”
De ninguna manera resuelve la criminalidad. Lo que necesitamos son estrategias y planes para prevenir esta situación. Se ha declarado en emergencia varios distritos de Lima y la violencia se sigue incrementando. Lo más grave es que el Ejecutivo subrepticiamente está tratando de que se considere como terrorismo urbano las marchas. Claro, están previendo que el pueblo ya no va a soportar más y saldrá a las calles y ahí lo va a involucrar como terrorismo urbano. Es decir, pretenden asustarlo con la finalidad de que no salga a protestar. Lo lamentable es que la comunidad jurídica y la sociedad entera tarda en demostrar que estos señores nos están agrediendo y protegiendo a los delincuentes. Con esta norma pretenden que el pueblo no repare en los actos delictivos que están cometiendo algunos congresistas y algunos funcionarios del Ejecutivo.
