Acción Popular cuesta abajo por denuncias contra sus congresistas

Un sector de los congresistas de Acción Popular (AP) está en la mira del Ministerio Público. Ayer la Fiscalía allanó las oficinas y la vivienda del congresista Raúl Doroteo, por una denuncia de presunto recorte de sueldo. Además, la Comisión de Ética le abriría una investigación de oficio al vocero del grupo parlamentario, Darwin Espinoza, por un reportaje periodístico sobre presunto uso de sus trabajadores en la recolección de firmas para un movimiento regional.

Allanamiento a Doroteo

El caso de Doroteo parte del 9 de abril. Ese día el Poder Judicial había autorizado el allanamiento contra dos de sus oficinas y su vivienda, pero la Fiscalía recién realizó la diligencia ayer.

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“Se imputa a Raúl Doroteo ser autor del delito de concusión por cuanto habría abusado de su cargo como congresista para obligar a María Fernanda Morales, técnica de su despacho congresal, a través de Mario Ricardo Reyes Ortiz (presunto cómplice), asesor II de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, presidida por Doroteo, a que le entregue sumas de dinero de sus propios ingresos, ascendentes al 50% de sus ingresos por concepto de remuneraciones y el 50% de sus ingresos por bonificaciones”, señala la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que concedió la medida.

Al cierre de esta nota, desde el despacho de Doroteo en el Congreso informaron que el congresista tomó la decisión de concluir las labores de la trabajadora Morales por faltar cuatro días consecutivos sin ninguna autorización. “Este proceder no obedece a una represalia por la denuncia que su extrabajadora realizó”, aseguraron.

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Un informe de su asesor de prensa menciona que la extrabajadora había dado a luz a una niña el 11 de marzo. Su descanso médico venció el 30 de marzo y el 1 de abril en la Clínica Internacional le dieron otros tres días de descanso. “Para evitar reintegrarse a su centro de labores, ella solicitó acogerse al teletrabajo, lo que fue rechazado por el congresista Doroteo”, agregó

Y añadió que el trabajador Mario Reyes Ortiz ha exigido, mediante una carta notarial, que la extrabajadora se rectifique por haber dicho que él le pidió una parte de su sueldo por órdenes del legislador.

El caso está en manos del Ministerio Público. Doroteo no es el único en Acción Popular con una indagación por presunto recorte de sueldo.

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El viernes 12 venció el plazo de la investigación preliminar contra su colega Jorge Flores Ancachi. El Ministerio Público deberá decidir si archiva el caso o formula una denuncia constitucional. De concretarse lo segundo, según la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), Lady Camones, esta sería acumulada con otra que está entrando a su etapa final.

En la SAC hay una denuncia constitucional de los legisladores María del Carmen Alva, Jorge Montoya, José Cueto y Roberto Chiabra contra Flores por presunto recorte de sueldo. El viernes pasado, la Subcomisión iba a designar la elaboración del informe final a Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, pero él no aceptó. En la próxima sesión Camones elegirá a un nuevo delegado.

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Caso Chapafirmas

El otro caso que ha salido a la luz fue revelado por ‘Punto final’. Un reportaje de este programa señala que el vocero de AP, Darwin Espinoza, habría usado recursos públicos y a sus trabajadores para recolectar firmas para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash. El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, anunció que pedirá abrir una investigación de oficio. En el Congreso, Alva, disidente de esta bancada, demanda que Espinoza sea expulsado del partido.

Los Niños

Pendiente. Los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara afrontan una denuncia constitucional de la Fiscalía por el caso Los Niños. El delegado a cargo del informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es Jorge Coayla, de Perú Libre.