Congreso: admiten a trámite DC contra exministro Morán y postergan blindaje a Magaly Ruiz

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), con 22 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, se admitió a trámite la denuncia constitucional (DC) 50 contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto, por presuntos delitos de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad, al considerar que existieron irregularidades en el proceso de ascensos en el alto mando de la Policía Nacional del Perú.

Cuando se pensaba que se vería el informe final contra la congresista Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso, en la SAC solo se dio cuenta que ya está listo el informe por el presunto recorte de sueldo a uno de sus trabajadores.

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En este caso se prevé un blindaje, pues el informe final de la congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), concluyó que se debe archivar el caso en la SAC, que viene a ser uno de los denominados ejemplos de parlamentarios “mocha sueldos”.

El 5 de marzo, el dominical ‘Punto final’, hizo pública la denuncia de Marina contra Jhonny Romero Nima, entonces asesor principal de la legisladora Ruiz.

Según Marina, el asesor Romero era el encargado de cobrar a los trabajadores de este despacho el aporte mensual de S/1.500. El caso cobró ribetes de escándalo cuando en un evento para niños con cáncer en el hospital Guillermo Almenara, Romero le volvió a pedir dinero.

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Marina declaró que Romero confirmó que los depósitos eran para la congresista, quien supuestamente estaba endeudada desde la campaña electoral.

Pese al testimonio, a través de un oficio dirigido a Lady Camones, presidenta de la SAC, Medina asegura que "en ninguno de los casos se ha acreditado que la congresista denunciada haya 'inducido' u 'obligado' al señor Carlos Marina a efectuar una suma de dinero a favor de Jhony Romero Nima" y que no presentó pruebas y tampoco ratificó su acusación y por eso pide el archivamiento.

Caso de Katy Ugarte

En la sesión extraordinaria, se llevó a cabo la audiencia pública de la DC contra la congresista Katy Ugarte Mamani (UyDP) por, supuestamente, haber solicitado aportes voluntarios a sus trabajadores con la finalidad de mejorar su imagen.

En este caso, se analiza el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión. Ugarte alegó que hay una campaña de desprestigio en su contra, sin precisar quién estaría detrás de esa supuesta campaña.

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Asimismo, los miembros de la SAC declararon improcedente la DC 218 presentada por Susana Silva Morales, contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, y el exministro de Salud, Hernando Cevallos Flores, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y genocidio.