Comisión de Justicia recomienda remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia
Contrario a lo que decía inicialmente el informe final, se aprobó un nuevo documento —con cargo a redacción—en el que se recomienda la remoción de los miembros de la JNJ por “falta grave”.
La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó, de forma sorpresiva y en horas de la noche de este miércoles 18 de octubre, un nuevo informe final que desconoce lo planteado inicialmente. En horas de la mañana, se desestimaba el proceso sumario iniciado contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tras un cuarto intermedio, se reanudó la sesión y se aprobó un nuevo documento en el que se plantea recomendar al Pleno la remoción de todos los integrantes de la JNJ.
Con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones se aprobó un informe final que podría culminar con la remoción de los siete miembros de la JNJ: Imelda Julia Tumialán Pinto (presidenta), Aldo Alejandro Vásquez Ríos (vicepresidente), Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello De Ñecco, Antonio Humberto De La Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán.
Contrario a lo que se exponía inicialmente el informe final, en el que se desestimaba las imputaciones de Patricia Chirinos y solo se exhortaba a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que eviten pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado, en horas de la noche apareció un nuevo documento en el que se apelaba al numeral 3) del artículo 156 de la Constitución Política del Perú respecto a la edad para ser miembros de la institución para imputar una “falta grave” que justifique el golpe institucional.
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“Esta comisión concluye que respecto de los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia se encuentra causa grave por incumplir con el artículo 156 inciso 3 de la Constitución; debido a que, según la exposición de motivos de la ley de reforma constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha exposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no solo como requisito para postular. Por tanto, se debe proceder confirme al artículo 157 de la Constitución”, se leer en el informe.
Como reacción, Ruth Luque de Cambio Democrático-Juntos por el Perú cuestionó este cambio en el informe final: “Reafirmo mi posición, yo voy a presentar un informe en minoría. Los votos han sido absolutamente claves. No comparto la decisión de remover a la JNJ. Creo que solo basta con mirar el desarrollo de la sesión, lo que ha pasado es que hay una amplia mayoría (de derecha) y una presidencia (Janet Rivas) que no es capaz de defender su informe”.
Por otro lado, respecto al punto inicial de discusión sobre la supuesta falta grave de los integrantes de la JNJ durante el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, la Comisión de Justicia se mantiene “no se encuentra causa grave” por este punto debido a que el comunicado difundido por la Junta Nacional de Justicia “no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso de la República”.
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Finalmente, se atribuya una presunta segunda “falta grave” por incumplir “con su deber constitucional y su propia ley orgánica de presentar un informe anual al Pleno del Congreso de manera oportuna.
¿Qué pasará ahora con este nuevo informe final?
El informe final podrá verse en el Pleno de este jueves 19 de octubre. Para aprobarse la remoción de los 7 miembros de las Junta Nacional de Justicia se requiere una votación de los 2/3 del Parlamento, en la práctica se trataría de 87 votos. Si se votará cada caso por separado o todo junto dependerá de cómo se trate el tema previamente en la Comisión de Justicia.
Como dato final, este Congreso ha tenido dificultades para alcanzar los 87 votos para temas de alta trascendencia y más aún cuando existe una presión mediática o desde las calles. Aunque, también viene a bien recordar que el Pleno autorizó la investigación con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones. Una votación que dista de pocos votos del mínimo requerido para concretar un nuevo golpe a la institucionalidad en el país.