Congreso: nueve procesos por casos de recorte salarial estancados
Maniobras. Tres legisladores ya fueron blindados con reducción de la sanción, pero falta votar en el Pleno. Seis siguen en Comisión de Ética. Fujimorista María Cordero envió certificados médicos para evitar audiencias.
Culminada la legislatura, ninguno de los nueve congresistas denunciados por recorte de sueldos ha sido sancionado hasta el momento. Por ahora solo hubo un patrón de blindaje mediante la reducción drástica de las propuestas de sanción en tres casos, mientras que los otros seis expedientes siguen en trámite en la Comisión de Ética, grupo de trabajo que también ha dejado de sesionar.
Los tres casos que presentan avance y llegaron hasta la etapa de aprobación de los informes finales en la Comisión de Ética corresponden a Magaly Ruiz Rodríguez, Rosio Torres Salinas y Heidy Juárez Calle (las tres elegidas por Alianza para el Progreso, aunque la última renunció en septiembre del 2022).
Estos informes finales, sin embargo, fueron modificados: la propuesta inicial del equipo técnico de la Comisión de Ética era sancionarlos con la suspensión por 120 días y el descuento de sus haberes, dada la gravedad de las faltas.
Ya en las sesiones de este grupo de trabajo, la bancada APP movió cielo y tierra, y así logró el apoyo de las demás agrupaciones para establecer una propuesta de sanción simbólica: amonestación pública y el pago de una multa equivalente a 30 días laborales.
Las tres propuestas de sanción leve fueron aprobadas en la Comisión de Ética, pero estas no se hacen efectivas porque deben pasar por una votación final en un pleno del Congreso.
Pero la gestión de José Williams cerró la legislatura con las sesiones maratónicas del Pleno entre el 20 y el 22 de junio, en las que aprobaron contrarreformas como la ley contra la colaboración eficaz y normas declarativas, pero no sometieron a votación los primeros informes de sanción contra tres de los congresistas denunciados por recorte de sueldos. Fueron salvados por ahora.
Maniobras dilatorias
De los otros seis congresistas denunciados por recorte salarial, dos han evidenciado maniobras dilatorias a fin de evitar el avance de las investigaciones.
El caso más notorio corresponde a María Cordero Jon Tay, quien fue elegida por Fuerza Popular y luego tuvo que ser apartada tras la denuncia pública. Esta legisladora es recordada por la frase “a ti ya te depositaron, ya vamos al cajero de una vez”, según los audios difundidos por Latina.
Ocurre que esta investigación había llegado a la etapa de las audiencias, para que la fujimorista de larga data pueda ser interrogada y, de ser el caso, ejercer sus descargos.
Sin embargo, en dos oportunidades consecutivas, María Cordero solicitó licencia, adjuntando cartas con certificados de descanso médico, razón por la cual no hubo audiencias.
La legisladora estaba con descanso médico, pero no tuvo reparos en emitir su voto en el pleno a favor de la contrarreforma sobre la colaboración eficaz y el texto sobre nombramiento automático de docentes contratados, sin concurso.
Lo hizo en las sesiones del Pleno del 21 y 22 de junio, es decir, la misma semana en que evitó apersonarse a la audiencia por razones de “salud”.
Otro legislador favorecido con maniobras dilatorias es José Arriola, de Acción Popular. La Comisión de Ética ya había aprobado iniciar investigación, pero el 23 de junio su correligionario Luis Aragón sacó bajo la manga una reconsideración para volver a votar y ganaron las abstenciones. Ahora el caso se encuentra en el limbo.
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Acciones pendientes
Hay cuatro casos que tampoco avanzan debido a que la Comisión de Ética, que preside Karol Paredes, dejó de sesionar por el cierre de la legislatura.
Está pendiente la elaboración del informe final para el caso de Katy Ugarte, contra quien ya existe otra propuesta de sanción leve por el caso de despido de una trabajadora en situación de embarazo.
En el caso de María Acuña, quedó pendiente la programación de la audiencia. Finalmente, las denuncias contra Hilda Portero y Edgar Tello se quedaron en la etapa de investigación preliminar por ser las más recientes. En resumen, ningún caso llegó a la sanción final.
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Más casos en etapa de investigación preliminar
La Comisión de Ética se instaló el 10 de septiembre del 2021 con la presidencia de Karol Paredes, legisladora de Acción Popular.
El plazo del mandato es de dos años. Es decir, la parlamentaria puede mantenerse al frente de este grupo de trabajo aun durante los meses de julio y agosto para avanzar con los casos pendientes.
De hecho, en este grupo de trabajo hay otros seis expedientes en etapa de investigación preliminar, incluyendo casos contra Digna Calle, Rosangella Barbarán, María Agüero, Edwin Martínez, Jorge Flores y Luis Kamiche.
Está en manos de Karol Paredes convocar a sesiones extraordinarias para tener más avances.
Situación de los nueves congresistas procesados. Foto: difusión
