María Cordero: si existe voluntad política, inhabilitación por 10 años podría resolverse en 3 meses

Ante la aparente pérdida del respaldo de su bancada, María Cordero Jon Tay podría convertirse en la primera parlamentaria fujimorista —del actual periodo legislativo— en perder su curul, luego que la primera vicepresidenta del Congreso de la República, Martha Moyano, presentara una denuncia constitucional contra su colega de Fuerza Popular ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mecanismo a través del cual podría ser inhabilitada por 10 años para la función pública.

La máxima sanción que puede imponer la SAC es la inhabilitación por 10 años a una persona, de acuerdo al reglamento del Congreso. Al ser María Cordero una congresista en funciones, de ser aprobado por el Pleno, esto significaría que automáticamente perdería su cargo y entraría su accesitario, también representante de la región Tumbes, a ocupar su lugar. Esto ocurrió meses atrás con el cuestionado Freddy Díaz Monago.

Como precedente, en diciembre de 2013, el Parlamento resolvió "destituir en el cargo de congresista de la República al señor Wilson Michael Urtecho Medina e inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por 10 años, por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú" después ser denunciado por la presunta apropiación del sueldo de los trabajadores de su despacho. En el caso de la fujimorista, se podría proceder de la misma manera.

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María Cordero, la primera fujimorista a puertas del desafuero

Si bien los tiempos son relativos, si nos ajustamos a los plazos establecidos en el reglamento del Congreso, todo el proceso —desde el ingreso de la denuncia hasta la votación en el Pleno— podría tardar aproximadamente 3 meses de existir voluntad política. Cabe resaltar que, a diferencia del caso de las otras 4 congresistas ‘mocha sueldos’, con Cordero Jon Tay los tiempos se vienen acelerando. Ya tiene una investigación abierta por concusión en el ámbito de la Fiscalía y también un proceso en la Comisión de Ética Parlamentaria.

En diálogo con La República, el constitucionalista y experto en temas parlamentarios César Delgado Guembes explicó que también podría dilatarse el tema y extenderse el tiempo estimado: “Depende del interés, de la voluntad o decisión política. El plazo más corto, desde la presentación de la denuncia, hasta la conclusión del proceso en el Pleno, puede ser de poco menos de 3 meses. El plazo más largo es indefinible porque cabe que se dilaten los procesos y no se resuelva la denuncia”.

Finalmente, una vez presentada la denuncia constitucional por Marta Moyano, la Subcomisión presidida por Lady Camones tiene un plazo de 10 días hábiles para declarar la admisibilidad, señalar improcedencia u otorgar un plazo de tres días para solicitar subsanaciones. Tras ello, la SAC presentará un informe de calificación a la Comisión Permanente para que se les otorgue un plazo de 15 días para investigar, solo se podrá prorrogar el plazo por una única vez de ser necesario. Se presenta el informe final, de ser aprobado pasa a la Comisión Permanente y luego quedaría listo para su votación en el Pleno. Los votos definirían el futuro político de María Cordero Jon Tay.