Defensoría rechaza ley de comités de autodefensa: “Afecta los derechos de los pueblos indígenas”

La Defensoría del Pueblo envió un comunicado a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, este domingo 3 de julio, con la intención de manifestar su disconformidad ante la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, que fue aprobada por el Legislativo el último 19 de junio.

Según el pronunciamiento de la institución, la norma “resulta inaceptable dentro de un Estado constitucional” debido a que con ella se brinda un permiso a organizaciones civiles para que se pueda acceder con mayor facilidad a las armas de fuego.

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“Se les traslada la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad ciudadana”, anunció el comunicado. También se precisó que “contraviene el monopolio del uso de la fuerza del Estado en seguridad ciudadana y afecta derechos de los pueblos indígenas”.

“Esto supone concederles atribuciones que son propias de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, lo cual constituiría una renuncia de la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos fundamentales de la población”, continuó la Defensoría en la misiva.

Asimismo, tras saberse que la Comisión de Defensa revisará los parámetros de la norma y la modificará, la entidad instó al grupo de trabajo a reconsiderar algunos puntos en los que se determinan “evidentes vicios de inconstitucionalidad”.

En ese sentido, la Defensoría recomendó que se escuchen las “preocupaciones y demandas de los representantes de las organizaciones indígenas, rondas campesinas y de la sociedad civil”, puesto que —con la aprobación de esta ley— se corre el riesgo de introducir “elementos perturbadores en las comunidades y centros poblados rurales al dotar de armas a grupos civiles”.

Finalmente, pidió al Legislativo que tome acciones que reviertan los aspectos constitucionales de la Ley 31494 lo más pronto posible. La misiva también reveló que se está evaluando la posibilidad de “recurrir a vías legales para expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en la referida que resulten inconstitucionales”.