Mininter paga a abogados de 34 policías del “Escuadrón de la Muerte”

En lo que va de la gestión como ministro del Interior, que se inició el 16 de mayo de 2024, Juan Santiváñez Antúnez aprobó el financiamiento con fondos públicos de la defensa legal de 34 oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, acusados por la Fiscalía de Crimen Organizado de haber sido parte del “Escuadrón de la Muerte”, que asesinó a 33 supuestos delincuentes.

 La decisión de Santiváñez se sustentó en el Decreto Supremo N° 022-2008-DE-SG, que regula la defensa legal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y que fuera publicado el 11 de octubre de 2008.

Lo sorprendente es que entre junio y diciembre de 2024, el ministro del Interior aprobó la contratación de abogados para los 34 efectivos policiales enjuiciados por participar del “Escuadrón de la Muerte”, entre ellos 2 oficiales y 4 suboficiales a los que el propio Santiváñez defendió en 2019.

Para los 34 policías que enfrentan a la justicia por graves delitos, el Mininter ha dispuesto un desembolso de S/1 millón 705 mil, destinado a la contratación de abogados mediante resoluciones aprobadas por Juan Santiváñez.

Entre los exclientes de Juan Santiváñez se cuenta el comandante PNP (r) Raúl Prado Ravines, a quien el fiscal Álvaro Rodas Farro señala como el líder de la organización criminal “El Escuadrón de la Muerte”. Prado ya recibió una condena de 35 años.

Fue encontrado responsable por el homicidio de 4 personas durante un falso operativo a una supuesta banda de asaltantes, el 27 de febrero de 2015, en Piura.

 Sin embargo, están pendientes de sentencia otros 8 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al “Escuadrón de la Muerte”.

Cartera de clientes

Debido a que Prado apeló la condena por el crimen en Piura, Santiváñez avaló que se le abone S/50 mil para cubrir el pago de un defensor legal. Prado se encuentra prófugo de la justicia.

Los otros 5 exclientes de Juan Santiváñez que también recibieron fondos para contar con un defensor legal son los siguientes:

-Los suboficiales PNP en retiro César Cutti Sueldo, Fernando Chuquisengo Salas, Edgardo Vilela Martínez, Luis Mío Morocho.

A estos efectivos que pertenecían a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), se les imputa haber intervenido en falsos operativos en Santa Anita, Lima, el 11 de julio de 2012, con el saldo de 3 homicidios; en Puente Piedra, Lima, el 18 de noviembre de 2012, con 4 ejecuciones; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, cn 6 ejecutados; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con el asesinato de otras 5 personas.

-El comandante PNP en retiro Marcos Jara Urlich, otro de los exclientes del ministro Santivañez, recibió S/50 mil para contratar a un letrado. Como jefe operativo de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP, Jara actuó en tres casos como integrante del “Escuadrón de la Muerte: en Chincha, el 8 de septiembre de 2012, con un saldo de 2 ejecutados; en Chiclayo, el 4 de diciembre de 2013, con el resultado de 6 asesinatos; y en Ramiro Prialé, Lima, el 29 de julio de 2015, con 5 muertos.

Decisiones preferenciales

El ministro Santiváñez defendió su decisión de pagar a los abogados de 34 policías acusados de cometer homicidios en falsos operativos del “Escuadrón de la Muerte”, amparándose en el Decreto Supremo N° 022-2008-DE-SG.

 La norma señala lo siguiente: “El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior brindarán, respectivamente, defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de actividad, disponibilidad o retiro y personal de tropa licenciada; así como a personal de la Policía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que se encuentran comprendidos o involucrado en investigaciones y/ o denuncias ante el Ministerio Público o procesos judiciales ante el fuero común por presunta comisión contra los derechos humanos, en el ejecución de sus funciones”.

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público señalaron que en el caso del ministro del Interior se presenta un potencial caso de conflicto de intereses, porque entre los beneficiados con el financiamiento de su defensa legal aprobado por su despacho, se cuentan 6 exclientes de su estudio de abogados que han sido acusados por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, entre otros graves delitos.

 “Y entre sus defendidos se encuentra a quien se atribuye el liderazgo de la presunta organización criminal (comandante PNP en retiro Raúl Prado Ravines) denominada ‘Escuadrón de la Muerte’, a quien el Poder Judicial ha condenado a 35 años de cárcel. ¿Qué mensaje se le está dando a la ciudadanía?”, dijeron las fuentes a La República.

 Para el coronel PNMP (r) Edgar Aybar Canales, uno de los exjefes del Departamento de Investigación de la Inspectoría General de la Policía Nacional, que trabajó minuciosamente el caso del “Escuadrón de la Muerte”, el ministro Juan Santiváñez ha actuado con favoritismo.

 “Santiváñez patrocinó a los cabecillas del ‘Escuadrón de la Muerte’ comprometidos en crímenes extrajudiciales. Por lo tanto, es totalmente contraproducente que como ministro haya autorizado que el Estado le pague la defensa a quienes fueron sus clientes en este terrible caso que, por cierto, está en proceso. Todavía no concluye”, declaró el coronel Edgar Aybar a La República.

 Aybar recordó que los 34 policías acusados cometieron delitos de lesa humanidad por ejecutar extraoficialmente a 33 personas, entre ellos 3 policías en actividad, montando falsos operativos para luego presentarlos como acciones meritorias con la finalidad de obtener condecoraciones, ascensos y mayores ingresos.

 “Según la ley, la defensa legal es gratuita para los miembros de la Policía Nacional, pero solo cuando estos hechos se cometieron en actos de servicio, cuando estaban cumplido con su deber, no en ejecuciones extrajudiciales. El Estado no puede pagar a los criminales”, expresó el coronel Aybar.

 “Hay más de mil policías que han sido enjuiciados en todo el país. Sin embargo, solo un pequeño grupo, entre los que se encuentran miembros del ‘Escuadrón de la Muerte’ que fueron clientes de Santivánez, coincidentemente fueron favorecidos con el financiamiento de su defensa legal con fondos públicos. Esto es inaceptable”, arguyó el coronel Edgar Aybar.

Cuando la prensa puso en evidencia que Santiváñez defendió al cabecilla Raúl Prado Ravines, el ministro del Interior “aclaró” que solo actuó en el ámbito administrativo y no en el penal, en un intento por darle poca importancia al papel que cumplió cuando lo contrató Prado.

 “Ejercer la defensa en nivel administrativo o en el penal es lo mismo. El punto es que lo defendió, en el sentido de que Prado no solo niega haber sido parte del ‘Escuadrón de la Muerte’. Incluso niega que haya existido dicha organización criminal”, apuntó el coronel Aybar, quien investigó el caso desde la Inspectoría General de la PNP.

Coincidentemente, en recientes declaraciones, el ministro Juan Santiváñez dijo lo mismo que Raúl Prado, su excliente: “El ‘Escuadrón de la Muerte’ es un invento”.