TC admite a trámite demanda de la Fiscalía contra ley que delega a la PNP la facultad de investigar delitos
Se trata de una demanda de inconstitucional que había presentado la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Ley 32130 aprobada por este Congreso que recorta las potestades del Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que había interpuesto la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Ley 32130 que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la investigación preliminar de delitos.
La fiscal Delia Espinoza presentó esta acción de inconstitucional porque consideró que esta ley le recorta la facultad constitucional del Ministerio de Público de liderar todas las etapas de la investigación de delitos.
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La ley que encomienda a la PNP la indagación preliminar fue aprobada por el Congreso el año pasado y promulgada, sin ninguna observación, por el gobierno de Dina Boluarte.
La norma cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Juan Santiváñez.
El Ministerio Público se niega a aplicarla hasta que el TC resuelva su constitucionalidad.
El tribunal consideró que la Fiscalía de la Nación cumplió con los requisitos para presentar esta demanda. "Se debe admitir a trámite. En tal sentido (...), corresponde emplazar al Congreso para que se apersone al proceso y conteste la demanda en el plazo de 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución", dice el documento.
Admisión a trámite de demanda de inconstitucionalidad.
Mesa Directiva contrató como abogados a Aníbal Quiroga y Humberto Abanto
El Congreso no se quedará de brazos cruzados. De acuerdo a un acta del 20 de enero de la Mesa Directiva, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Humberto Abanto, ejercerán la defensa ad honorem de esta institución ante el Tribunal Constitucional por esta ley.
Además, defenderán la constitucionalidad de la Ley 32107 sobre la impunidad de delitos de lesa humanidad.
Congreso: fujimorismo responsable
Ambas leyes fueron promovidas en la Comisión de Constitución, que preside el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.
La ley de impunidad para delitos de lesa humanidad busca que prescriban los casos sobre violaciones de derechos humanos.
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