San Marcos: Rectora Jerí Ramón enfrentará denuncias penales por cuatro delitos tras actos vandálicos

Las elecciones internas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) quedaron por el momento suspendidas. La decisión fue anunciada luego de la toma de la sede universitaria por parte de los estudiantes del jueves último, la misma que dio paso a un violento y vandálico desalojo promovido por la rectora Jerí Ramón, quien ahora tendrá que enfrentan denuncias penales al menos por cuatro presuntos delitos.

Jerí Ramón fue emplazada hoy en el Consejo Universitario por el accionar violento en contra de los estudiantes. Si bien la autoridad condenó los actos, también admitió haber tenido comunicación con el jefe de seguridad de la universidad, antes del ingreso violento.

“En San Marcos hay terceros. Lo que yo le pedí al jefe de seguridad es que a todos los terceros los tenga para que trabajen incluso de amanecida y que refuerce. Cuando yo lo llamé al jefe de seguridad me dijo que los terceros iban a entrar en la noche”, comentó la rectora en su intervención.

Esos “terceros” fueron identificados por los alumnos como los vándalos que ingresaron con objetos contundentes con el claro propósito de cometer agresiones. Dichas personas accedieron junto con el personal de seguridad de la universidad.

Un estudiante contó a La República que el personal de seguridad de la universidad, el grupo al que la rectora llamó los “terceros” y otro grupo de alumnos que son “serviles” a la actual gestión se congregaron previamente en inmediaciones de la Oficina Central de Admisión (OCA). Esto dejaría en evidencia la planificación y organización previa para el ingreso violento a la universidad.

El mismo hecho de que el acceso se produjo por la OCA refuerza la hipótesis sobre la complicidad que hubo con el personal administrativo subordinado a la rectora Jerí Ramón.

Denuncias penales

La parlamentaria Susel Paredes presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra la rectora Jerí Ramón, por los presuntos delitos de usurpación, lesiones graves y lesiones leves.

La denuncia tramitada por la legisladora alcanza también al vicerrector académico, Carlos Cabrera Carranza, y al vicerrector administrativo, José Segundo Niño Montero. El documento contiene los nombres de 17 estudiantes que resultaron heridos.

Susel Paredes expresa en la denuncia que Jerí Ramón tenía conocimiento de que un grupo de personas extrañas iba a ingresar a la universidad, según se desprende de las mismas declaraciones de la rectora.

Una denuncia similar fue tramitada por el Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, incluyendo el delito de omisión de funciones.

Un estudiante víctima de las agresiones físicas, a quien le tuvieron que suturar una herida en la cabeza con cuatro puntos,  contó a nuestra redacción que solamente en el hospital donde fue atendido de emergencia había otras cinco personas esperando ser atendidas. Por ello, estimó en más de veinte las personas afectadas.

Según adelantó, por ahora vienen acopiando información con el apoyo de abogados, con el fin de presentar lo que vendría a ser una tercera denuncia penal contra la rectora Jerí Ramón, por las graves lesiones ocasionadas.

Exigencia de nulidad

La suspensión del proceso electoral fue anunciada por el Comité Electoral Universitario, cuya composición es también cuestionada por operar en concordancia con los intereses de la rectora Jerí Ramón.

Frente a este escenario, los estudiantes se han pronunciado para exigir la nulidad absoluta del proceso, por estar contaminado con prácticas fraudulentas que devinieron en la presentación de una lista única para la Asamblea Universitaria.

La historiadora Carlota Casalino contó a esta redacción que hubo un ataque sistemático mediante tachas contra los postulantes adversos a la gestión de Jerí Ramón en distintas instancias.

Casalino detalló que ella postulaba para decana de Ciencias Sociales, pero tres docentes principales de su lista para el Consejo de Facultad fueron tachados: Ruth Shady, Mercedes Giesecke y Alberto García. Esta práctica ha sido común en las otras facultades, con el fin de desmantelar a la oposición.

La docente alertó que lo más grave fue el boicot para la inscripción de la lista opositora para la Asamblea Universitaria, pues solo estaba en carrera una lista afín a Jerí Ramón.

De mantenerse esta opción, la rectora podría ser reelegida en el 2025 con apoyo de un proyecto de ley del Congreso, a través del cual se plantea que la máxima autoridad universidad sea elegida solo por la Asamblea Universitaria.