Santiago Guardamino denunció la venta fraudulenta de un terreno de su comunidad a la empresa Argüelles, dedicada al retiro de desperdicios en varios distritos de Lima. La Corte Suprema le dio la razón a Guardamino, pero los promotores del homicidio siguen impunes.
El lunes primero de abril de este año dos sicarios en motocicleta mataron a balazos al dirigente comunal canteño Santiago Guardamino Gonzáles. El asesinato se produjo a las 11 y media de la noche cuando Guardamino estaba por llegar a su casa en Carabayllo, luego de asistir a una asamblea de la comunidad. En la reunión informó sobre los avances del juicio contra la venta fraudulenta de un terreno de propiedad de los comuneros de Quipán. Los homicidas sabían de dónde venía Santiago Guardamino, por eso lo esperaron para ejecutarlo.
La muerte Guardamino se publicó en algunas secciones policiales de la prensa como uno más de los tantos homicidios que se perpetran en el día. Incluso algunos consignaron que el motivo fue el robo del teléfono celular de la víctima, una versión discutible porque Santiago Guardamino recibió diez disparos. Los autores se aseguraron de que no sobreviviera al ataque.
Pero no fue un asesinato más de los cuarenta que se cometen en promedio cada mes en Lima.
El primero de enero de 2023, Santiago Guardamino fue elegido presidente de la comunidad campesina de Quipán, del distrito de Huamantanga, ubicado en la provincia de Canta. La primera tarea que se propuso fue continuar con los procesos judiciales en lo civil y en lo penal para revertir la venta fraudulenta de 10 mil hectáreas de un terreno de propiedad de la comunidad, que consumó el expresidente, Abel Mosquera Ortíz (2015-2016).
El 12 de diciembre de 2016, cuando le faltaban pocos días por concluir su mandato, y sin contar con la anuencia de los comuneros de Quipán, Abel Mosquera vendió el predio por S/600 mil a Industrias Argüelles y Servicios Generales (INARGE), de propiedad de Aniceto Argüelles Loayza.
Según un informe del Ministerio de Vivienda y Construcción fechado en 2021, el terreno estaba valorizado en 10 millones 231 mil 600 soles. Argüelles había pagado el 5.86% del monto verdadero
De hecho, cuando Santiago Guardamino fue abatido, estaba preocupado por la resolución que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia debía emitir sobre el caso. El expresidente de la comunidad, Abel Cruz Mosquera, interpuso una apelación contra un fallo que lo declaraba culpable de falsedad genérica al haber realizado la venta del terreno a Industrias Arguelles con documentos adulterados, por lo que recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida y el pago de S/100 mil de reparación civil.
Sin embargo, los disparos de los sicarios no permitieron que Santiago Guardamino viera el resultado de la lucha por la restitución del terreno a la comunidad de Quipán.
Treinta y seis días después del brutal asesinato de Santiago Guardamino, el seis de mayo de este año, la Corte Suprema rechazó el pedido de nulidad que interpuso Abel Mosquera. Al quedar demostrado que la venta con documentación fraudulenta, quedó expedita la vía civil para requerir la nulidad del contrato, lo que permitirá la devolución del terreno.
El acto de justicia le había costado la vida a Santiago Guardamino, de 46 años de edad, natural de Quipán. Los que lo mataron, y los que alentaron el crimen, dejaron dos niños huérfanos.
Como se mencionó, el 9 de diciembre de 2016, faltando poco para cesar en sus funciones el 31 de diciembre de ese año, el entonces presidente de Quipán, Abel Mosquera Ortíz, solicitó a los comuneros firmar una hoja en blanco para que le otorguen un poder que supuestamente presentaría al municipio de Canta. Con 47 rúbricas, el 10 de diciembre Mosquera logró que el notario Luis Gómez Verástegui validara una fraudulenta acta de asamblea general de la comunidad, transfiriendo 10 mil hectáreas a Industrias Arguelles y Servicios Generales por S/600 mil.
Luego, el 12 de diciembre de 2016, Mosquera celebró la venta a Aniceto Argüelles, que proyectaba destinar el predio a un relleno sanitario de basura que la empresa de éste recoge en varios distritos de Lima y Callao.
Al asumir el primero de enero de 2017, el nuevo presidente, Claudio Santos Vilcachahua, descubrió la estafa de Abel Mosquera. La comunidad organizó una comisión investigadora y nombró a Santiago Guardamino Gonzáles como el responsable.
Desde ese momento Guardaminó recibió amenazas, pero cumplió con su cometido. Abel Mosquera fue denunciado penalmente por la comunidad. También fueron denunciados civilmente Mosquera e Industrias Argüelles y Servicios Generales, solicitando la nulidad de la venta de las 10 mil hectáreas.
Una vez que Argüelles asumió la propiedad del predio que obtuvo mediante una operación fraudulenta, la empresa comenzó a facturar grandes sumas a los municipios que le adjudicaron el servicio de recojo de desperdicios: S/271,4 millones en 2020; S/203,2 millones en 2022; S/118,7 millones en 2023; y S/118,7 millones en lo que va de 2024, según la base de datos de Contrataciones del Estado.
Sin duda, poseer las 10 mil hectáreas de la comunidad de Quipán le resultaron beneficiosas a Industrias Argüelles.
La titular del Juzgado Mixto de Canta, Roxana Becerra, condenó a Abel Mosquera por dos delitos: por elaboración y utilización de documentos falsos, aunque lo libró del delito de falsedad ideológica.
La comunidad de Quipán apeló, pero la pandemia del Covid retardó el proceso. Hasta que en 2021, Santiago Guardamino se incorporó a la nueva directiva y le dio un nuevo impulso al caso.
El 18 de agosto de 2022, el 13° Juzgado Penal condenó a Abel Mosquera por los tres delitos y lo condenó a cinco años de cárcel. Mosquera presentó un recurso de nulidad, que fue revisado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. El tribunal ratificó el fallo, sin embargo, el 13 de enero de 2023, redujo a cuatro años la condena, cuando Santiago Guardamino ya era presidente de la comunidad.
El 17 de mayo de 2023, Abel Mosquera, mediante una queja excepcional, presentó un recurso de nulidad ante la Sala Transitoria de la Corte Suprema para ser absuelto de la sentencia. Casi un año después, el seis de mayo de este año, la Suprema rechazó el recurso de Mosquera. Para entonces, Santiago Guardamino ya estaba muerto. Pero el homicidio no pudo impedir que se hiciera justicia. Ahora faltan los promotores del crimen.
● El apoderado de la empresa Argüelles, Alejo Berrocal Vergara, defendió la adquisición del predio de Quipán: “Nuestra posición es que nosotros hemos comprado de buena fe. No hemos participado de ningún acto delictivo, ni hemos fraguado documentos. Lo que hemos hecho es buscar el terreno, proponer la compra y nos lo han vendido. Pero después vinieron los cuestionamientos de otros dirigentes que ingresaron. Ese es el tema”.
● Respecto al asesinato de Santiago Guardamino, Berrocal dijo: “La policía todavía no nos ha citado para declarar, puede haber otro móvil, no sabemos y no podemos inmiscuirnos en la investigación de la comisaría".