Hay doce proyectos para eliminar o regular las pensiones a expresidentes

La reciente decisión del Congreso de concederle al sentenciado Alberto Fujimori una pensión vitalicia, a pesar de que no cumple con los requisitos de la Ley 26519, ha vuelto a disparar el debate sobre los beneficios que deberían tener los expresidentes de la República. 

Una búsqueda en la base de datos del Parlamento arroja que existen once proyectos de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento que proponen o bien derogar la Ley 26529 o modificarla. Hay uno adicional presentado ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas, pero esta se inhibió de pronunciarse por no ser materia de su competencia.

De esos doce proyectos, tres han sido presentados por legisladores de Perú Libre y dos de Acción Popular. 

Los proyectos proponen directamente derogar la Ley 26519 o suspender este beneficio en el caso de exmandatarios involucrados en delitos de función, organización criminal y/o lavado de activos y corrupción. También hay propuestas para reducir los montos de las pensiones (revisar tabla).

La Ley 26529 establece que los expresidentes constitucionales “gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un Congresista en actividad” pero que este beneficio quedará suspendido si contaran con una acusación constitucional, salvo que el Poder Judicial los declare inocentes.

En el caso de Fujimori, distintos especialistas han advertido que sus condenas se mantienen vigentes. El indulto solo le ha permitido salir de la cárcel. Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) pidieron que se deje sin efecto la medida. Luque en una carta dirigida al titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, recordó que Pedro Castillo también solicitó dicho beneficio y fue rechazado. “De modo que no se entiende cómo en el caso de un sentenciado por varios delitos como A. Fujimori sí resulta procedente”, añadió Luque.  Hasta ahora ni Salhuana ni su antecesor en la presidencia del Parlamento, Alejandro Soto, han asumido responsabilidad por esta decisión.

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, indicó que si bien estos doce proyectos demuestran “el rango de prioridades del Congreso” en tanto existen “desafíos y prioridades claramente mucho más importantes”, también es cierto que se necesita establecer “un marco superior al de la Ley 26519, dada en el contexto de una dictadura”. Maldonado consideró que un estándar mínimo sería que no puedan recibir una pensión vitalicia aquellos expresidentes que hubieran dado un golpe de Estado o hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción.

Iniciativas que proponen derogar o modificar la Ley 26519.