Fiscalía identifica la cadena de mando militar en la matanza en Ayacucho
Se imputa a alrededor de 25 efectivos el presunto delito de autor directo de homicidio calificado con alevosía, basándose en testimonios, imágenes y fotografías que contradicen la investigación del inspector del Ejército.
Entre las 14:05 y 18:28 horas del jueves 15 de diciembre de 2022 tropas del Ejército asesinaron a 10 manifestantes e hirieron a otras 55 personas. En esas 4 horas y 23 minutos en las que se produjeron los disparos, los oficiales y subalternos que estaban en las calles del centro de Huamanga, Ayacucho, para acallar la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, nunca recibieron la orden de cese al fuego hasta que cayó la noche y se retiraron.
La cúpula castrense que estaba a cargo de la ejecución del plan de operaciones “Restauración Nacional” que se cumplió ese día, estaba perfectamente enterada de las muertes ocasionadas por los soldados, porque los encargados de las patrullas y sus jefes inmediatos reportaban en tiempo real sobre el desarrollo de los incidentes. Los uniformados actuaban acatando órdenes superiores.
Las cámaras de los establecimientos públicos, y filmaciones difundidas por redes durante los hechos, confirman que elementos del Ejército apuntaron sus fusiles en sentido vertical, directamente a los ciudadanos, a sabiendas de los efectos que ocasionarían los proyectiles.
Esta forma de actuar se repitió en las 4 horas y 23 minutos en que se registraron los fallecimientos y los heridos graves por proyectiles. Todas las imágenes confirman que en los escenarios de los hechos de sangre los únicos que portaban armas eran los miembros de las patrullas del Ejército. Llevaban el fusil de asalto de fabricación israelí Galil 7.62 x 51. Las heridas de los muertos y heridos coinciden con el tipo de proyectil de este armamento.
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El 7 de junio la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, suscribió la Disposición N° 64 de formalización y continuación de la investigación del caso. En el documento identificó plenamente a los integrantes de la línea o cadena de mando responsable de la actuación de las tropas, el jueves sangriento del 15 de diciembre de 2022.
Estos oficiales contaban con suficiente información, oportunidad y autoridad para detener la operación militar “Restauración Nacional” que concluyó con 10 fallecidos. Pudieron hacerlo desde las 14:05 horas, cuando cayó abatida la primera de las víctimas, Leonardo Hancco Chacca.
Las capturas de las cámaras fueron vitales para la fiscalía en el proceso de identificación de los responsables.
Órdenes directas
Por estas circunstancias, por no haber intervenido para terminar con los disparos, la fiscal imputa el presunto delito de homicidio calificado por omisión impropia (sanción al sujeto que omite impedir la realización del hecho punible, según el artículo 13° del Código Penal), a los oficiales de alta graduación que fueron parte de la línea de mando.
Según la disposición fiscal los eslabones de la línea de mando que actuaron el 15 de diciembre fueron los siguientes:
- Jefe del CCFFAA, general de división EP Manuel Gómez de la Torre.
- Jefe del Comando Operacional del Este (COE) general de división Miguel Gonzáles Bohórquez.
- Jefe de la 2° Brigada de Infantería, general de brigada EP Jesús Vera Ipenza.
- Responsable de las patrullas del aeropuerto, coronel EP Enrique Sampén Díaz.
- Responsable de las patrullas de la plaza de Armas, teniente coronel EP Carlo Núñez Gonzáles.
- Jefe de la reserva de la IV División del Ejército (VRAEMI), coronel EP Lindell Pinto Ybárcena.
- Jefe del Equipo N°2, coronel EP Carlos Vega Pérez.
Las acciones de la línea de mando se cumplieron conforme a lo señalado por el Decreto Supremo N°143-2022-PCM, del 14 de diciembre de 2020, que declaró el Estado de Emergenci, y por el Decreto Legislativo N°1095, Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las FFAA. Este último dispositivo es clave, porque indica que los efectivos militares solo pueden hacer uso del armamento en situaciones extremas: “Excepcionalmente, los miembros de las FFAA en cumplimiento de la misión asignada pueden usar armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves” (artículo 19.1).
El Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, es más preciso: “En cualquier caso, está prohibido disparar indiscriminadamente”.
La disposición fiscal adjunta una serie de imágenes que grafican que los efectivos dispararon sus fusiles Galil sin que existieran las condiciones señaladas por las normas legales.
Vinculación con Palacio
El mismo reglamento, además, indica que en situaciones de estado de emergencia, “la línea de mando es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar), el ministro de Defensa (Alberto Otárola Peñaranda) y el presidente de la República (Dina Boluarte Zegarra)”.
Por lo tanto, el informe de la fiscal Mirela Coronel Molero, será fundamental en la investigación que la Fiscalía de la Nación le sigue a la mandataria Boluarte y al exministro Otárola.
El exjefe del CCFFAA, general de división (r) Manuel Gómez de la Torre, quien actuó como bisagra entre la jefa de Estado y la cadena de comando militar, declaró a la fiscalía el 13 de junio de 2023: “Acudí a Palacio de Gobierno como parte del equipo del ministro de Defensa (Alberto Otárola) (...), para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvuelven las acciones militares (en Ayacucho)”. La fiscalía de la Nación imputa a Dina Boluarte no haber tomado acciones para detener el homicidio de manifestantes.
Por estas razones es que la fiscal Mirela Coronel resolvió continuar la investigación contra los oficiales de mayor graduación y responsabilidad de la línea de mando por homicidio calificado por omisión impropia contra los generales de división EP Manuel Gómez de La Torre y Miguel González Bohórquez y el general de brigada EP Jesús Vera Ipenza, en el caso de las 10 víctimas del 15 de diciembre: Leonardo Hancco Chacca, Clemer Rojas García, Josué Sañudo Quispe, Jhonatan Alarcón Galindo y Jhon Mendoza Huaranca. También Luis Urbano Sacsara. Edgar Prado Arango, Christopher Ramos Aime, Raúl García Gallo y José Aguilar Yucra.
Del total de 36 investigados, a alrededor de 25 efectivos se les imputa el presunto delito de autor directo de homicidio calificado con alevosía, lo que indica que la fiscal Coronel ha conseguido identificar a los autores de los disparos que ocasionaron la muerte de los 10 ciudadanos, basándose en testimonios, imágenes y fotografías.
La disposición de la fiscal Coronel contradice contundentemente la investigación del inspector del Ejército asignado al caso, general EP Marco Marín Saldaña, quien concluyó que los militares no fueron autores de los homicidios. Luego de presentar su informe, el Gobierno designó a Marín como agregado militar en la embajada del Perú en Washington. Fue un premio.