Titular de Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos, María Luisa Silvera, consideró que no procedía la detención del mayor Luis Soldevilla y de los suboficiales Paddy Llimpe y Carlos Noblecilla porque no los atraparon "en flagrancia". , La fiscal provincial de Chorrillos, María Luisa Silvera, desestimó disponer la detención del mayor EP Luis Soldevilla Espinal y de los suboficiales Paddy Llimpe Correa y Carlos Noblecilla Infante, involucrados en la sustracción de 786 granadas de guerra y 104 mil 750 municiones de diverso calibre tanto para arma corta como de largo alcance. PUEDES VER: Mayor EP acusado de robar 786 granadas y venderlas a criminales El pedido a la fiscal lo formuló la División de Tráfico de Armas y Explosivos (Divitiame), de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), debido a la gravedad del caso protagonizado por el oficial Soldevilla y sus subalternos Llimpe y Noblecilla. Cuando los agentes de la Divitiame interrogaron a los tres militares, estos desmintieron tener cualquier relación con el hurto del material de guerra; sin embargo, las indagaciones permitieron descubrir que estaban directamente relacionados con el caso, por lo que solicitaron a la fiscal Silvera el apresamiento inmediato de los uniformados. Mintieron a la Policía Empero, la titular de la Fiscalía Provincial de Chorrillos rechazó detener provisionalmente al mayor Soldevilla y a los suboficiales Llimpe y Noblecilla con el argumento de que no fueron sorprendidos en flagrancia –cuando cometían el delito–, porque los acusados se pusieron a disposición de la fiscalía y estos tenían "domicilio conocido". Lo que no se tomó en consideración es que los militares desde el principio de las investigaciones entorpecieron el trabajo de los agentes de la Divitiame y ofrecieron testimonios falsos. El mayor EP Luis Soldevilla estaba a cargo de la Compañía de Material y Transporte Nº 503, y su labor consistía en recoger explosivos, municiones y armamentos de las diferentes escuelas de instrucción militar de la capital. Para el cumplimiento de dicha finalidad, el mayor Soldevilla enviaba a subalternos de su confianza al polvorín de Cruz de Hueso, en San Bartolo, donde recogían misiles, granadas y todo tipo de munición que necesitaban las unidades de adiestramiento. El mayor Soldevilla comisionaba con frecuencia a Cruz de Hueso al suboficial Paddy Llimpe, quien trasladaba el material de guerra a la Compañía de Material y Transporte Nº 503, de donde luego supuestamente tenía que distribuir las granadas de guerra y las municiones. En lugar de cumplir con dicho trámite, falseaban documentos en los que se acreditaba haber entregado el arsenal requerido por las escuelas de instrucción. Por ejemplo, el 20 de marzo del 2015, el suboficial Paddy Llimpe recogió del polvorín de Cruz de Hueso 320 granadas de guerra supuestamente en cumplimiento de un pedido de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH). Pero los explosivos no llegaron nunca a la EMCH. En el "mercado negro", las organizaciones criminales pagan hasta 50 mil soles por dicho número de granadas. No obstante, durante los interrogatorios, los implicados afirmaron que sí habían cumplido con suministrar las granadas requeridas por la EMCH. Diario La República Falsearon todo Cuando los agentes de la policía solicitaron a la Escuela Militar de Chorrillos las actas de recepción de los artefactos, las autoridades manifestaron que no habían recibido dicho material de guerra. Por si fuera poco, los agentes de la Divitiame comprobaron que tanto en la Compañía de Material y Transporte Nº 503 –cuyo jefe era el mayor Luis Soldevilla– como en el Comando de Doctrina y Educación del Ejército (Coede), del que dependía Soldevilla, no contaban con los cuadernos de control de entrada y salida del material de guerra. Esto es un indicativo de que el robo de las granadas y municiones podría resultar mucho mayor, más aún si se tiene en cuenta que el mayor Luis Soldevilla es el jefe de la compañía desde el 2014. Al recopilar todas las actas de entrega y salida del material de guerra, la policía determinó que las firmas correspondían a una sola persona, el suboficial Paddy Llimpe Correa. Ante la contundente evidencia, el suboficial Llimpe admitió que había fraguado los documentos para ocultar el robo de las granadas y la munición, pero dijo que no lo hizo por iniciativa propia sino por orden de su inmediato superior, el mayor EP Luis Soldevilla. El 7 de mayo del 2015, Soldevilla despachó 300 granadas a la Escuela de Francotiradores del Ejército, pero jamás llegaron a su destinatario. Los implicados las negociaron por al menos 45 mil soles. Estos hechos no fueron suficiente motivación para que la fiscal María Luisa Silvera ordenara la detención de los tres militares, como pidió la policía. Los acusados están en sus respectivos domicilios. O se supone. Claves El jefe de Administración de la Escuela de Comandos del Ejército, teniente coronel EP Edwin Sánchez Bernedo, será citado por el fuero militar para determinar por qué autorizó que un vehículo de su unidad sea usado para recoger del polvorín de Cruz de Hueso 320 granadas, las cuales nunca llegaron a la escuela. Edwin Sánchez alega que desconocía este hecho. Defensa también solicitó detención La procuradora pública del Ministerio de Defensa, Sara Farfán Cuba, requirió también la detención del mayor EP Luis Soldevilla Espinal y de los suboficiales EP Paddy Llimpe Correa y Carlos Noblecilla Infante, pero fue denegada por la fiscal provincial penal de Chorrillos, María Luisa Silvera Peralta. Según Farfán, la fiscal María Luisa Silvera desestimó el pedido de detención debido a que los implicados en el robo sistemático de 786 granadas de guerra y de 104 mil 750 municiones tienen arraigo domiciliario y habían asistido voluntariamente a todas las citaciones y diligencias policiales. Por lo tanto, indicó, no había peligro de fuga. "Se trataba de funcionarios públicos que habían cometido delito y de que nada garantizaba que cuando la fiscal formalice su denuncia ellos vayan a ponerse a disposición de la autoridad judicial", enfatizó la procuradora Sara Farfán.
